Jesuitas salvadoreños conmemoran masacre y aplauden extradición de militar

La conmemoración de los 28 años de la masacre de seis jesuitas, uno de los episodios más cruentos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), se pintaba parca, pero la visita de un alto funcionario de la ONU y el anunció del Supremo de EE.UU. de dar luz verde a la extradición de un militar la tiñeron de alegría.

Las principales autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA), donde sucedió el crimen en 1989, y una veintena de empleados y visitantes presenciaron cómo la primera visita de un alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU terminaba con un tributo a sus “mártires”.

“Me he sentido conmovido por la historia de los jesuitas en El Salvador y la búsqueda de la verdad, la justicia, reparación y no repetición” de este tipo de crímenes de guerra, dijo el comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein ante la tumba de las víctimas y tras colocar un ramo de flores.

Antes de esto, Zeid había transitado por los mismos corredores que los religiosos caminaron en vida y que también anduvieron los miembros del elite Batallón Atlácatl la noche en que los asesinaron junto a dos de sus colaboradoras.

Pero Zeid, que durante dos días recibió informes estatales y de organizaciones civiles sobre la situación de los derechos en este país asolado por la violencia, no solo lamentó el “brutal asesinato”, sino que llamó a los salvadoreños a continuar con la “búsqueda de la verdad”, como un Sisifo.

El escueto mensaje del comisionado se vio interrumpido en diversas ocasiones por los aplausos de la concurrencia, que también iban dirigidos a los jueces del Supremo estadounidense por permitir el miércoles la extradición del coronel retirado Inocente Montano para que se vea la cara, en fecha aún no establecida, con el juez español Eloy Velasco.

“Nos satisface porque realmente nos muestra que en EE.UU. las cosas funcionan mejor que en nuestro país y son más respetuosos de sus propias leyes y acuerdos internacionales”, dijo el rector de la UCA, Andreu Oliva, en rueda de prensa.

Esto también en referencia al actuar de la Corte Suprema salvadoreña, que ha negado en dos ocasiones la extradición de 16 militares requeridos por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de los jesuitas que eran de origen español.

Oliva aseguró que “no hace falta nada” para que se concrete la extradición y que solo es “cuestión de logística” para que el militar retirado comparezca ante la Justicia del país ibérico.

Montano, viceministro de Seguridad Pública al momento de la masacre, es el primer uniformado salvadoreño que responderá en España por el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros, pese a sus 74 años, a la diabetes y el cáncer que lo aquejan.

Aunque ha pasado más de un cuarto de siglo desde la matanza y a los reveses que la Justicia salvadoreña ha dado, las autoridades de la UCA pretenden aprovechar la ventana que abrió el Constitucional en julio de 2016 al anular una ley de amnistía, que bloqueaba cualquier posibilidad de reapertura del proceso.

Oliva aseguró a la prensa que están preparando una solicitud para reabrir la causa penal, que tuvo su juicio en 1992 y concluyó con la condena de solo dos de los acusados y que la Justicia española no reconoce.

El religioso evitó dar una fecha, pero el exrector y actual responsable de la oficina de Derechos Humanos de la UCA, José María Tojeira, sostuvo que “antes de que termine noviembre” pedirán la reapertura.

En este acto conmemorativo, que fue seguido por una misa, también se hizo eco de los atropellos que sufre la población por la violencia criminal de las pandillas y por el Estado mismo.

“Las violaciones a derechos humanos no son cosas del pasado, están ocurriendo nuevamente en nuestro país, tanto por la creciente violencia y la criminalidad, como por la respuesta que el Estado está dando a la misma”, señaló Oliva.

Datos de las organizaciones sociales dan cuenta de que en los últimos años se han dado unas 114 supuestas ejecuciones extrajudiciales y han fallecido más de 1.000 personas en enfrentamientos armados entre pandilleros y policías, una tasa de 25 civiles muertos por cada uniformado caído.

Diversos sectores sostienen que esta situación es fruto de la impunidad heredada desde los tiempos de la guerra y que lleva al país a repetir pasajes oscuros y sangrientos de su pasado reciente.

“La reconciliación solo se puede dar si la promesa de la Justicia es cumplida” y “son 25 años los que han pasado desde la firma de los Acuerdos de Paz y (espero que) no tengan que pasar otros 25 años para ver la justicia en este país”, subrayó el comisionado Zeid antes de abandonar el mausoleo y capilla de los jesuitas.