Juárez advierte de que la Ley de Costas no permite construcciones en dominio público

El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha advertido hoy que la modificación de la Ley de Costas no permitirá nuevas construcciones ni en dominio público ni en zona de protección, y que mantiene la servidumbre de protección de 100 metros con carácter general en toda la costa y solo permite su rebaja a 20 metros en casos muy puntuales y justificados.

El Congreso aprobó ayer la polémica Ley de Costas, que el PP defiende como una “protección” para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de “amnistía” y de un paso más para “privatizar” la costa española.

Juárez ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana para precisar el contenido de la norma y ha explicado que estaba escuchando algunas interpretaciones que no se ajustan a la realidad.

Ha explicado que en Galicia hay 517 viviendas, 367 industrias y 21 establecimientos hosteleros en esta situación, es decir, que disponen de una concesión del Estado para ocupar el terreno público.

Juárez ha avanzado que del total de viviendas, 93 situadas en Moaña se excluirán del dominio público, junto con otros puntos concretos del litoral español porque son espacios totalmente urbanos con nulo interés medioambiental.

El delegado del Gobierno ha añadido que la ley aprobada ayer “dotará de mayor seguridad jurídica” a los propietarios de viviendas y de negocios situados en la costa, y ha valorado que incluye una cláusula por la que el Gobierno podrá paralizar una construcción ilegal en zona costera antes de su inicio.

Ha defendido la nueva regulación por su capacidad para reforzar la protección sostenible del litoral y de dar soluciones a problemas históricos derivados de la aplicación de la anterior Ley de 1988 y de los vacíos legales que existían en determinadas cuestiones, como la regulación de actividades en las playas.

Ha puesto como ejemplo las tradicionales hogueras de San Juan que se celebran en muchas playas y ha señalado que a partir de ahora se ajustarán a la norma y dejarán de estar en un “limbo” jurídico.

Juárez ha insistido en que, en la práctica, la nueva norma se traducirá en un incremento de la protección medioambiental al tiempo que se otorgarán mayores garantías de seguridad jurídica a viviendas, industrias y establecimientos hosteleros situados en las zonas costeras y, por extensión, a las administraciones competentes y a la ciudadanía.

Ha sido tajante al puntualizar que en ningún caso se permitirán nuevas construcciones ni en zona de dominio público ni en zona de servidumbre de protección.

“Es radicalmente falso que la ley rebaje la protección de la costa”, ha apostillado.

También ha destacado que la nueva ley mejora la protección de la costa en primer lugar porque diferencia las playas naturales de las urbanas y porque introduce cláusulas que permitirán completar el deslinde de toda la costa española (en Galicia está efectuado al 98 por ciento).

También exigirá que la administración inscriba en un plazo de dos años todo el dominio público en el Registro de la Propiedad y que lo ponga a disposición de los ciudadanos en internet.

En lo que respecta a las edificaciones que se sitúan de forma legal en dominio público y que están sometidas, en cumplimiento de la ley, a un régimen de concesión administrativa, la nueva Ley permitirá ampliar bajo condiciones estrictas los plazos de esas concesiones hasta un máximo de 75 años.

Juárez ha aclarado que el reglamento de desarrollo de la Ley será el que imponga las condiciones “exigentes” para extender esa concesión y los periodos de tiempo que se podrán ampliar en función de cada ocupación.

Al mismo tiempo, ha señalado que la nueva ley permitirá modernizar las instalaciones y las viviendas pero en ningún caso ampliarlas.

“No implica un aumento de la edificabilidad”, ha insistido Juárez, quien ha señalado que en lo que respecta a las industrias la posibilidad de ampliar la concesión para aquellas cuyas actividades puedan afectar al entorno estará determinada por un informe de la autoridad ambiental de la Comunidad Autónoma, como es el caso de ENCE.

Por último, ha puntualizado que la posibilidad de ampliación de concesión no puede beneficiar a ninguna construcción ilegal.

“No existe ninguna amnistía; lo que está actualmente declarado ilegal por los tribunales o con sentencia de derribo seguirá estándolo con la nueva ley”, ha apuntado.