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La Justicia de Perú absuelve a indígenas en un proceso por la muerte de doce policías

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La Justicia de Perú absuelve a indígenas en un proceso por la muerte de doce policías

La Justicia de Perú absuelve a indígenas en un proceso por la muerte de doce policías

Un tribunal peruano absolvió hoy a 52 indígenas que fueron procesados por la muerte de 12 policías durante el llamado "Baguazo", una protesta que se produjo en 2009 en rechazo a unas leyes aprobadas durante el segundo gobierno de Alan García para permitir actividades extractivas en territorios de los nativos.

La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, una ciudad ubicada a 1.090 kilómetros al norte de Lima, determinó que los acusados fueran exculpados de la acusación por los delitos de instigación de homicidio calificado, lesiones graves, arrebato de armas, entorpecimiento de servicios públicos, disturbios y motín.

"La responsabilidad penal atribuida a los acusados, por parte del Ministerio Público, deviene en arbitraria, puesto que no existe una sola manifestación en el proceso que determine que los procesados, sean todos o algunos de ellos, hayan tenido la condición de instigadores o autores materiales en la ejecución del delito de lesiones graves", señaló la sentencia.

El tribunal agregó que no se ha determinado "ni siquiera a nivel de indicio", la autoría material de las lesiones graves en agravio de los policías y menos se ha probado la instigación.

En este proceso, la fiscalía había pedido que siete de los procesados, entre ellos los líderes indígenas Alberto Pizango y Santiago Manuin, fueran condenados a cadena perpetua.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los miembros del tribunal, integrado por los jueces superiores Gonzalo Zabarburú, Norberto Cabrera y Enrique Montenegro.

La sala precisó que las muertes de los policías fueron causadas por balas de fusil y la pericia de absorción atómica resultó negativa en todos los procesados, por lo que no se ha podido determinar quiénes realizaron los disparos.

Las violentas protestas en la provincia de Bagua, en la región Amazonas, causaron el 5 de junio de 2009 la muerte de 23 policías y 10 civiles, así como la desaparición del mayor de la Policía Felipe Bazán.

Sin embargo, en el proceso resuelto hoy sólo se investigó los hechos producidos en una zona de ingreso a Bagua conocida como la "Curva del diablo", donde también murieron civiles.

Los demás agentes que murieron durante la protesta eran retenidos por otro grupo de indígenas en una estación de la petrolera estatal Petroperú en el interior de la provincia.

El año pasado empezó el juicio contra los indígenas, después de que la justicia excluyera a las autoridades políticas de entonces de toda responsabilidad en la represión policial que generó los enfrentamientos.

La lectura de sentencia de hoy, a la que acudieron unos 40 acusados, se desarrollo durante 9 horas y en su parte resolutiva también fue leída en español, awajún y wampis.

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defendió a varios procesados, destacó que "el tribunal reconoció el pluralismo cultural y jurídico y la importancia de los peritajes antropológicos para una mejor comprensión de la cultura indígena".

Se resaltó, además, que la sentencia dedicó un apartado a los tratados internacionales reconocidos por el Estado peruano y las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos humanos así como por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las organizaciones indígenas peruanas remarcan que a partir de los sucesos de Bagua recuperaron el "sentido histórico" de "su atrasada ciudadanía" y critican "el discurso colonial" que expresó Alan García al publicar en ese momento una serie de artículos titulados "El Perro del Hortelano".

Aunque estos sucesos fueron los más sonados del segundo mandato de García (2006-2011), durante ese periodo murieron, en total, 191 personas en protestas sociales, 153 de ellas civiles y 38 policías y militares, según informó en 2011 el entonces jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Caballero.

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