El PSOE pide al Congreso que encargue un informe al CGPJ sobre la reforma de la jurisdicción universal que plantea el PP

El PP quiere limitar la actuación de los tribunales españoles en delitos contra la humanidad ocurridos fuera de España y, para ello, pretende revisar la fórmula de la justicia universal porque, a juicio de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, adolece de “ineficacia” porque “promete mucho pero luego, al final, nunca se consigue nada más que tener conflictos”.

UNA PROPOSICIÓN, MENOS TRAMITACIÓN

En lugar de un proyecto de ley del Gobierno, los 'populares' han optado por plantear una reforma de una Ley Orgánica del Poder Judicial a través de proposición de ley de su grupo parlamentario, lo que permite acelerar su tramitación y no obliga a pedir los informes perceptivos a los órganos consultivos.

En su misiva, el PSOE comienza censurando que el PP busque modificar la Ley del Poder Judicial para introducir “restricciones” a al principio de jurisdicción universal para los más graves delitos y violaciones de los derechos humanos, cambiar las competencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y establecer el sobreseimiento de las causas que en el momento de su entrada en vigor se encuentren en tramitación hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella.

Y, a renglón seguido, los socialistas justifican su petición a la Mesa del Congreso destacando que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al CGPJ la función de informar sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las modificaciones de la propia norma.

Pero, además, subrayan que si la materia sobre la que versa la iniciativa del PP hubiera sido regulada mediante un proyecto de ley del Gobierno, la propuesta habría requerido de un informe preceptivo del CGPJ, así como del Consejo de Estado.

EL CGPJ DISPONE DE 30 DÍAS

En este sentido, el primer partido de la oposición subraya en su misiva que la emisión de informe por el órgano de gobierno de los jueces sobre proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios está amparada en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial “y ya se ha producido anteriormente”.

De hecho, recuerda que el 7 de mayo de 1997 el CGPJ emitió informe sobre la proposición de Ley Orgánica Reguladora de la Tutela Cautelar Penal, presentada por el PNV, previo acuerdo de remisión por la Mesa del Congreso.

Soraya Rodríguez señala además que el Consejo del Poder Judicial debe aprobar estos informes en el plazo improrrogable de treinta días, que es el mismo del que dispone el Gobierno para dar su conformidad a tramitar la proposición de ley, por lo que el encargo no debería suponer un retraso para la iniciativa.