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PSOE lleva al Congreso su segunda 'receta' anticorrupción: Permitir que Tribunal de Cuentas acceda a datos tributarios

El PSOE llevará el próximo martes al Pleno del Congreso su segunda 'receta' contra la corrupción. Después de que hace dos semanas abogaran por que la Audiencia Nacional asumiera la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción que afecten a cargos públicos, los socialistas sugieren ahora reducir a la mitad los plazos para que el Tribunal de Cuentas emita sus informes sobre la cuentas de los partidos políticos y permitir que pueda acceder a datos de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social.

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Y es que el PSOE cree que se ha "incumplido sistemáticamente en el seno de alguna formación" la normativa relativa a las donaciones de sociedades y personas jurídicas a los partidos políticos, tanto en materia de las cuantías máximas autorizadas como sobre la procedencia de empresas que presten servicios u obras a la Administración.

Por eso, el primer partido de la oposición defenderá la próxima semana una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas con la que persigue reducir a la mitad el plazo en que el Tribunal de Cuentas debe remitir su informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos a las Cortes Generales, limitando así el periodo a tres meses desde su recepción.

MÁS COLABORACIÓN

El PSOE también quiere obligar a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), así como las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, colaboren con el Tribunal de Cuentas para dilucidar si es o no correcta y completa la información que le facilitan las entidades sujetas a control.

En este sentido, sugiere una modificación de la Ley General Tributaria y de la Ley General de la Seguridad Social con el fin de abrir vías para que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social puedan ser cedidos al Tribunal de Cuentas cuando sean requeridos, y que la transferencia de información no se limite únicamente a la propia fiscalización de ambos organismos públicos.

"El control de legalidad de la actividad económico-financiera de las entidades objeto de fiscalización debe permitir el correspondiente contraste entre la información suministrada por estas últimas y la información de que disponen las entidades, agencias u órganos de las administraciones públicas. De otra forma, el Tribunal carece de la capacidad de dilucidar si es o no correcta y completa la información que le proporcionan las propias entidades sujetas a control", argumentan los socialistas.

De hecho, cree que la "limitación" de los trabajos de fiscalización de algunas entidades locales y sus sociedades mercantiles no habría sido tal si el Tribunal "hubiera tenido acceso a determinada documentación, como las declaraciones de impuestos como Sociedades o IRPF, o a las declaraciones anuales de operaciones con terceras personas".

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