El PSOE bloquea el nombramiento de un nuevo magistrado en el Constitucional para evitar un pacto con el PP
La proximidad de las generales hace que Ferraz quiera huir más que nunca de los habituales pactos a los que llega con el PP en asuntos como el reparto de los puestos en instituciones del Estado. Es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional. El PSOE ha ordenado retrasar al máximo el nombramiento del magistrado del tribunal de garantías que sustituirá a Luis Ortega, fallecido en abril. ¿La razón? Es complicado encontrar un consenso con los de Mariano Rajoy en esta “época delicada”, según fuentes de la Ejecutiva.
La dirección de Pedro Sánchez dio la orden a los grupos parlamentarios de que no propongan los nombres que los parlamentos autonómicos elevarán al Senado, que es el órgano encargado de designar -aunque el nombramiento definitivo lo hace el rey- al sustituto de ese magistrado, que fue propuesto por el PSOE en 2011. El primer aplazamiento lo solicitaron varios parlamentos por la celebración de las elecciones del 24M, ya que el trámite se complicaba por su disolución.
El Senado, al que le corresponde la designación de cuatro miembros del Constitucional, dio de plazo hasta el 15 de septiembre para que llegaran las propuestas de los precandidatos, pero este martes esa fecha se prorrogará de nuevo a petición de la Cámara gallega. El primer pleno en Galicia no se celebrará hasta el día 15, la fecha límite que había fijado la institución presidida por Pío García-Escudero.
El PSOE-M solicitó, por ejemplo, a la Mesa de la Asamblea que excluyera del orden del día del próximo pleno la propuesta de los nombres para sustituir al fallecido Ortega. “No hay ninguna propuesta concreta todavía”, explican desde el PSOE. Solo Baleares y Cataluña han mandado a la Cámara Alta sus alternativas (Joan Oliver Araujo en el primer caso y Antoni Rovira Viñas, en el caso catalán, donde la votación se hizo antes de que el Senado realizara la primera prórroga).
En Ferraz reconocen que no es un buen momento para llegar con el PP al consenso necesario para la designación del nuevo magistrado. “Es una época delicada”, expresan fuentes de la Ejecutiva de Sánchez: “No apetece nada llegar a un acuerdo con el PP”. Esas mismas fuentes atribuyen la negativa a llegar a un pacto de esas características a la “actitud” que están teniendo los de Rajoy.
Los socialistas han atacado al PP precisamente por su intención de modificar la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional. Los conservadores quieren darle capacidad ejecutiva para suspender a un presidente que hipotéticamente declare la independencia de una comunidad, es decir, para que actúe contra Artur Mas en el caso de que aprobara una resolución en esta línea. El PSOE considera que el partido de Rajoy está haciendo un uso “partidista” de la institución y que su medida “bordea” la constitucionalidad.
