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El PSOE quiere regular el derecho a una muerte digna en la Comunidad de Madrid
La propuesta que ha sido esta semana admitida a trámite por la Mesa de la Cámara regional, tiene como objetivo, según los socialistas, “garantizar el derecho de los pacientes de los pacientes a una buena atención sanitaria en el proceso final de la vida, regular los deberes de los profesionales y definir las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer”.
El documento recoge por una parte los derechos de estos pacientes donde se contempla que éstos tendrán derecho a negarse a “recibir información sanitaria sobre su situación”, que pueden rechazar intervenciones o tratamientos propuestos por profesionales sanitarios aunque ello conlleve “acortar su vida o ponerla en peligro inminente” o a “la retirada de medidas en soporte vital en situaciones irreversibles”.
DERECHO A LA SEDACIÓN PALIATIVA
Uno de los puntos clave de la Proposición es que los pacientes en situación terminal tendrán derecho a recibir sedación paliativa del equipo de profesionales sanitarios responsable de su atención, “aunque ello implique un acortamiento de la vida mediante la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir su conciencia”.
Por otro lado, se especifican los deberes de los profesionales sanitarios. Los médicos tendrán que garantizar el derecho a la información del paciente y a que formule instrucciones previas que deben ser respetadas, a proponer intervención sanitaria a personas en fase terminal asegurándose que está clínicamente indicada así como la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
Las instituciones sanitarias públicas y privadas responsables de la atención a los pacientes tendrán que arbitrar los medios para que los derechos de estos no se vean mermados en ningún caso, incluida la negativa o ausencia del profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida.
Los centros sanitarios públicos y privados deberán incluir en su cartera de servicios documentos informativos necesarios para el adecuado desarrollo de la normativa así como tendrán que anualmente remitir a la Consejería de Sanidad todas las actuaciones implementadas en relación con el derecho a las instrucciones previas de los pacientes.
