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El Parlamento de Ucrania adopta una ley para la privatización de la propiedad estatal

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El Parlamento de Ucrania adopta una ley para la privatización de la propiedad estatal

El Parlamento de Ucrania adopta una ley para la privatización de la propiedad estatal

El Parlamento ucraniano adoptó hoy una ley para la privatización de parte de las propiedades estatales, uno de los requisitos clave del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea en el marco de la cooperación económica y la asistencia financiera a Ucrania.

El documento aprobado en la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, que obtuvo 258 votos a favor, regulará la venta de más de 3.000 empresas estatales, con la que se espera recaudar unos 22.000 millones de dólares, y está dirigido a hacer el proceso de privatización más transparente y atractivo para los inversores.

"No tiene ningún sentido para el país tener más de 3.500 empresas estatales. Generan pérdidas al Estado y ganancias a quienes se han alimentado de ellas durante décadas", dijo el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman, durante su intervención en el pleno de la Rada.

Groysman señaló que la nueva legislación es importante para el crecimiento económico del país, puesto que el sector público estatal es "la mayor fuente de corrupción" en Ucrania y la mayor parte de estas empresas no son rentables.

La ley obligará a que el proceso de venta de grandes compañías sea estudiado por asesores de bancos de inversión internacionales, mientras que los objetos de privatización a pequeña escala se venderán exclusivamente en subastas electrónicas.

Asimismo, prevé la posibilidad de que la venta de propiedades estatales se realice bajo jurisdicciones extranjeras, si bien señala que los inversores rusos no podrán participar en el proceso.

La privatización de propiedad estatal se enmarca dentro de las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional para la transferencia del próximo tramo del préstamo de más de 17.500 millones de dólares que concedió a Ucrania en 2015.

Además, se trata de una de las peticiones que ha venido haciendo la Unión Europea en el marco del acuerdo de asociación con Ucrania, que entró en vigor el pasado septiembre y que obliga a Kiev a adaptar y aproximar gradualmente sus leyes a las normas y estándares europeos.

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