Perú acatará la condena de la CorteIDH por tortura y violación a un miembro del MRTA

El Gobierno de Perú acatará el fallo de la CorteIDH que ordena al Estado peruano indemnizar con 105.000 dólares a la sentenciada por terrorismo Gladys Espinoza por no atender su denuncia de torturas y violación por policías, afirmó hoy el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

En un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Perú, Pérez Guadalupe aseguró que el Gobierno peruano “es respetuoso con las sedes supranacionales” y añadió que “la independencia de poderes también se respeta” en el país suramericano.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió su sentencia en noviembre del año pasado, el tema ha generado polémica en las últimas horas en Perú, después de que un diario local reseñara los pormenores de la decisión del tribunal supranacional.

El titular de Interior señaló, al respecto, que el pago completo de la indemnización “no es necesariamente la primera opción” para cumplir la sentencia de la CorteIDH, porque Espinoza también debe compensar al Estado peruano por sus actos, con 30.000 soles (unos 10.000 dólares).

Pérez Guadalupe recordó que Espinoza fue juzgada y sentenciada en 2004 a 25 años de prisión por actos de terrorismo como integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El ministro también anunció que “ya existe el inicio del procedimiento en la vía judicial” para investigar la denuncia de Espinoza y añadió que el Estado debe “buscar a los culpables de estos hechos”, ocurridos a finales de abril de 1993.

La abogada Gloria Cano, que representó a Espinoza, justificó el fallo de la Corte al argumentar que el magistrado César San Martín omitió leer el certificado médico que comprobaba una violación sexual al momento de emitir la sentencia de la Corte Suprema de Perú.

Sin embargo, San Martín comentó que la denuncia de abuso sexual fue rechazada en el juicio peruano en base a un examen médico, que concluyó que sus lesiones no concuerdan con una violación, y un peritaje psicológico, que le atribuye una conducta manipuladora.

El procurador del Estado para casos de terrorismo, Julio Galindo, declaró a la agencia oficial Andina que Espinoza sorprendió a la Corte porque en Perú no acreditó esos delitos atribuidos a los policías que la detuvieron en 1993.

“Ella en ningún momento acreditó la violencia que afirma haber sufrido, por lo que se confiere que es falso. Creo que ha sorprendido a la Corte Interamericana con un hecho no acreditado, totalmente calumniante y falso”, afirmó Galindo.

Sin embargo, el abogado Luis Alberto Salgado, que representó al Estado peruano ante la CorteIDH cuando se vio este caso, declaró que no le quedaron dudas de que Espinoza fue víctima de violación.

“La amenazaron que le iban a contagiar el sida, que había 20 policías que iban a pasar por ella, y otras cosas. De acuerdo a informes médicos, la violaron de la manera más bárbara. Todo fue encubierto por las autoridades”, afirmó a la emisora Radio Exitosa.

La CorteIDH determinó que agentes de Perú detuvieron ilegal y arbitrariamente a Espinoza, sin notificarle los cargos en su contra y sin control judicial por al menos 30 días, y que luego fue torturada en la División de Investigación de Secuestros (Divise) y la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote).

El tribunal dio por probado que la mujer fue sometida a actos de tortura y violencia sexual, por lo que consideró que el Estado peruano violó sus derechos a la libertad personal, integridad personal, protección de la honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial e incumplió el deber de no discriminar.