El Salvador debate si la salud del presidente debe ser pública o no

Una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que declaró hoy “confidencial” el expediente médico y la salud del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, abrió el debate sobre si su estado de salud debe ser conocido o no por los ciudadanos.

Según el IAIP, ente al que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) da la máxima autoridad sobre esta área, “es confidencial, pues corresponde a datos personales sensibles y se debe proteger su derecho a la intimidad personal”.

Dicha resolución fue en respuesta a una petición para que se hiciera púbico el estado de salud del mandatario, realizada el pasado 20 de agosto por el coordinador de la alianza Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), Roberto Burgos Viale.

La solicitud fue realizada a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Casa Presidencial, que no accedió a entregar lo pedido y Viale apeló la decisión ante el IAIP.

Los comisionados del multisectorial IAIP aseguraron que revelar dicha información dañaría el “derecho de intimidad personal” del jefe de Estado, ya que es “mucho mayor que el interés público en saber su estado de salud e historial clínico”.

Además, el IAIP detalló que “no se pudo acreditar” que Sánchez Cerén “padezca una enfermedad grave que pueda perjudicar su desempeño o capacidad de gobernar”.

“No se ha demostrado, ni siquiera por indicios, ni tampoco constituye un hecho notorio, que el presidente padezca alguna afección que no sea propia de su edad (71 años) y que pueda poner en peligro su vida o disminuir sus capacidades para ejercer su cargo”, dice la resolución.

No obstante, al menos en dos ocasiones, el presidente salvadoreño se ha visto imposibilitado para ejercer sus funciones por problemas de salud o por recibir tratamientos médicos en Cuba.

El 8 de diciembre de 2014, Sánchez Cerén sufrió una “leve descompensación” en Veracruz (México), por lo que canceló su participación en la Cumbre Iberoamericana que se celebraba ese día y fue trasladado a La Habana.

Dos días después, la Casa Presidencial indicó que el mandatario se sometería a su “revisión médica periódica”.

Tras 21 días fuera del país, Sánchez Cerén reanudó sus actividades oficiales en El Salvador el 29 de diciembre de 2014, con una reunión con su Gabinete de Gobierno.

La ocasión más reciente fue a finales de julio pasado, cuando el mandatario partió hacía Cuba para someterse a un chequeo médico “rutinario” y por “otros compromisos”.

Esto se dio en medio de un paro de transporte público incitado por la pandilla Barrio 18 ala Revolucionarios, que en menos de 72 horas asesinó a 7 chóferes y realizó ataques armados contra unidades.

Burgos Viale explicó a Efe que es necesario “saber cuál es la capacidad (de Sánchez Cerén) para desempeñar su cargo al servicio de la República”.

“Estoy convencido de que la salud de los presidentes debe estar disponible al público, aunque sea sin detalles escabrosos”, explicó.

Agregó que no se debe “confundir salud con enfermedad” y que “nunca” pretendió “comprobar que está enfermo, sino si su salud le permite desempeñar su trabajo”.

Para el diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Mauricio Vargas, los viajes del mandatario a Cuba hacen que “exista la duda razonable de que pudiera haber algo que no se nos está diciendo a los salvadoreños”.

“No debería haber de parte del Gobierno tanto secreto, debería de abrir el expediente con la confidencialidad de ciertas especificaciones” porque “para nosotros él no es Salvador Sánchez Cerén, es el presidente constitucional de la República” y su estado de salud es de “interés nacional”, dijo Vargas a Efe.

Por su parte, el director ejecutivo de la no gubernamental Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, se mostró a favor de la resolución del IAIP porque “no es evidente” en las apariciones públicas del presidente que su estado de salud “pueda constituir una causa de remoción” de su cargo.

El artículo 131 de la Constitución salvadoreña establece que es atribución del Congreso declarar “la incapacidad física o mental” del presidente “para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados” por dicho órgano de Estado.

“El punto fundamental es si hay una condición de un período determinado en el que afecta la conducción de los destinos del país; en ese caso sí tendríamos que entrar a pedir información para conocer la situación para determinar si tendría que asumir formalmente el vicepresidente (el cargo de presidente)”, concluyó Villalta.

Desde que el presidente salvadoreño asumió el cargo ha viajado por lo menos en tres ocasiones a Cuba para “chequeos médicos”, sin que ningún funcionario gubernamental haya dado detalles sobre el padecimiento que obliga al mandatario a dichas visitas.

Sánchez Cerén asumió la Presidencia el 1 de junio de 2014 y es el primer excomandante guerrillero en ganar este cargo en el país centroamericano.