El fiscal pide al Supremo que confirme los 2 años de pena a la exconsellera de Mallorca Julve

El fiscal del Supremo ha pedido al tribunal que confirme la condena a dos años que la Audiencia de Palma impuso a la exresponsable de Cooperación de Mallorca, Catalina Julve, por fraude y prevaricación en el caso Cloaca.

En el citado sumario se juzgó el desvío de decenas de miles de euros públicos en relación con una contrata de sillas para eventos, hechos por los que también fueron condenados Simón Galves y Miguel Rullán, ambos próximos al partido de Julve, Unió Mallorquina.

Estos dos empresarios fueron considerados autores de fraude y cooperadores en delitos de prevaricación y penados con nueve y seis meses de prisión respectivamente. También para ellos ha pedido el fiscal que se confirmen las condenas.

Por su lado las defensas han solicitado la absolución de los condenados incidiendo en que Coloma Castañer, ex secretaria técnica del departamento insular de Cooperación Local, reconoció los hechos implicando a los recurrentes para verse beneficiada con una suave pena de seis meses de cárcel.

Castañer ofreció una versión de los hechos que le benefició a través de su pacto con el fiscal pero, según las defensas, su relato no ha sido confirmado por otros indicios externos, tal y como impone el Tribunal Constitucional.

Además, han negado que existiera un concierto para defraudar, pues los beneficiarios de la contrata de las sillas estaban cualificados y su precio era el de mercado.

“Todo el Caso Cloaca ha quedado reducido a dos procedimientos negociados sin publicidad” en los que no se produjo ningún delito, porque el precio había sido fijado por un órgano independiente, ha dicho la defensa de Julve.

Sin embargo, la fiscal ante el Supremo ha explicado, entre otros argumentos, que la declaración de la coimputada fue perfectamente válida y más aún porque fue confirmada por otros indicios, además de que las sillas no eran necesarias.

La Audiencia Provincial consideró probado que Julve y otra imputada, Coloma Castañer, actuaron “con el fin de beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de Unió Mallorquina” y “se concertaron” con los dos empresarios.

Según el tribunal, el plan para favorecer a las dos empresas “se hizo con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública, evitando la posible concurrencia, licitación o intervención de terceros en la posibilidad de obtener contratos públicos”.

De este modo, adjudicaron dos contratos negociados sin publicidad por valor de miles de euros.