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El Tribunal de Cuentas precisa que sólo reclamará al PP de Vitoria medio millón de euros si alguien demanda
En una nota remitida a Europa Press, el Tribunal de Cuentas precisa que las actuaciones por este caso del alquiler municipal contratado en 2007 tienen su origen en un escrito enviado por el propio alcalde de Vitoria, Javier Maroto, el 16 de mayo del pasado año.
Maroto relataba ahí las conclusiones de la investigación municipal sobre el contrato de alquiler de los locales de la calle San Antonio n° 10 de Vitoria, donde se ponen de manifiesto hechos que “pueden suponer un menoscabo de los caudales públicos y, por tanto, acarrear responsabilidades contables que debieran ser analizadas por el Tribunal de Cuentas Públicas”.
La Sección de Enjuiciamiento, que funciona en paralelo con la de Fiscalización que realiza los informes de auditoría, se ocupó de investigar el caso, siguiendo los cauces de naturaleza administrativa y preprocesal, para poner cifras a ese supuesto menoscabo que se ha podido ocasionar a los caudales públicos por ese alquiler a precios por encima de los de mercado.
TODO ES PRELIMINAR
Los funcionarios de la Sección de Enjuiciamiento han concluido que hay hechos que “reúnen aparentemente los requisitos para generar una posible responsabilidad contable” y precisan la cuantía: 516.514,36 euros, entre principal e intereses de demora, señalando a los integrantes de la Junta de Gobierno Local que aprobó la suscripción del contrato de arrendamiento. Se trata de once personas, entre ellos el exalcalde y hoy ministro, Alfonso Alonso, el actual regidor y candidato a la reelección, Javier Maroto.
Esta cifra se ha comunicado a los representantes del Ayuntamiento de Vitoria y al fiscal del Tribunal de Cuentas para que, si así lo estiman pertinente, formulen la demanda pertinente. Teniendo en cuanta que el ayuntamiento está gobernado por aquellos a los que se señala como responsables, los gobernantes municipales del PP, la última palabra la va tener la Fiscalía, pues si no hay demanda, el caso se archivará.
“Las actuaciones previas no prejuzgan ni determinan obligatoriamente la apertura de un proceso en el Tribunal de Cuentas --subraya la institución con sede en la calle Fuencarral de Madrid--. Serán las partes, a la vista del contenido de las actuaciones previas, quienes decidirán la formulación, o no, de una demanda para la exigencia de responsabilidades contables. De no presentarse demanda alguna, el Tribunal de Cuentas procederá al archivo de las actuaciones”.
