Uruguay alcanza un acuerdo con las farmacias para la venta de marihuana

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de Uruguay y las asociaciones de farmacias del país alcanzaron un “acuerdo de entendimiento” sobre las “condiciones de funcionamiento” de la venta de marihuana en sus establecimientos, prevista para mediados de año, informaron hoy fuentes oficiales.

El acuerdo provee “un marco de adhesión para las farmacias que voluntariamente se adscriban al mismo” para despachar esta sustancia, además de “aspectos de la operativa de dispensación del producto de manera segura”, explicó el Ircca a través de un comunicado.

Este acuerdo es un primer adelanto antes de pasar a una segunda etapa en la que se concretarán aspectos como la gestión de pedidos y de entregas desde las unidades de producción a los puntos de venta, el control de la dispensación y las condiciones de calidad y de almacenamiento, según la información difundida.

Fuentes de la Junta Nacional de Drogas (JND) consultadas por Efe manifestaron que se llevaba tiempo trabajando en este acuerdo y que la segunda instancia de trabajo está próxima a definirse.

Las asociaciones de farmacias que existen en el país y con las que se alcanzó el acuerdo son tres: Centro de Farmacias del Uruguay, Asociación de Farmacias del Interior, y Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines.

La ley que despenaliza la producción y compraventa de marihuana fue impulsada por el Gobierno de José Mujica (2010-2015) y aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 como forma de acabar con el negocio del narcotráfico y convirtió al Uruguay en pionero en este enfoque de la lucha antidrogas.

El país suramericano ya ha licitado a dos empresas para la producción de cannabis recreativo y, según las previsiones del Gobierno, entre finales del primer semestre de 2016 y comienzos del segundo comenzará la venta legal de producción nacional de esta sustancia en las farmacias.

Para poder adquirir marihuana de forma legal -que se venderá a un precio cercano a 1,2 dólares el gramo- tanto el establecimiento como el usuario deberán figurar en un registro nacional.