El alcalde de Tortosa sopesa no ir a declarar ante la Fiscalía del Supremo

El alcalde de Tortosa (Tarragona) y diputado en el Congreso por el PDeCat, Ferran Bel, aún no ha decidido si comparecerá ante la Fiscalía del Supremo el próximo lunes 25 de septiembre para esclarecer su papel en la organización del referéndum soberanista del 1 de octubre.

La Fiscalía quiere que Bel dé cuenta de si participa o colabora en los preparativos de dicho referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, que apercibió a los alcaldes catalanes de su obligación de obedecer su decisión.

El de Tortosa es el único de los 712 alcaldes a los que quiere tomar declaración la Fiscalía que es diputado nacional, con lo que debe ser la Fiscalía del Supremo la que le investigue.

Pero fuentes próximas a Ferran Bel han apuntado que aún no ha tomado una decisión sobre si acudirá a esa citación.

Si se niega a comparecer el diputado, no sería posible obligarle a acudir ante el fiscal, dado que está aforado y solo se podría proceder contra él previo suplicatorio ante el Congreso y a través del Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio instrucciones el pasado 15 de septiembre a los fiscales del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que procedan a la citación en calidad de investigados (imputados) de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios.

En concreto, pidió que se citara a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferran Bel, y ante la del TSJC a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Seu d'Urgell, Valls y Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet y Neus Lloveras, respectivamente.

Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como imputados por firmar decretos para ceder locales al Govern de la Generalitat para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre.

Debido a su aforamiento, los diputados autonómicos solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y el diputado nacional por el Tribunal Supremo.