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Otro juez pide detener al ex ministro kirchnerista De Vido, ahora diputado

Otro juez pide detener al ex ministro kirchnerista De Vido, ahora diputado

EFE

Buenos Aires —

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Un juez procesó hoy con prisión preventiva al diputado argentino Julio De Vido por presuntas irregularidades en la importación de gas natural licuado en el tiempo en que fue ministro de Planificación Federal (2003-2015), que se suma a otra petición de arresto decidida el pasado martes.

La detención del exministro, que está afectado por múltiples causas relacionadas con su labor durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), no podrá llevarse a cabo todavía porque cuenta con la inmunidad que le proporcionan su fuero como diputado.

Ya el pasado 17 de octubre, en el marco de otra investigación e instado por un tribunal superior, el juez Luis Rodríguez pidió a la Cámara Baja que retire a De Vido esos privilegios, y ordenó al Ministerio de Seguridad su “inmediata detención” en caso de que el desaforamiento sea aprobado, un proceso parlamentario que comenzará la próxima semana.

Este jueves, el magistrado Claudio Bonadio abrió un nuevo proceso judicial contra el diputado y también contra, entre otros, Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera que comandaba De Vido, que aglutinaba áreas como las obras públicas y las políticas en energía y vivienda.

En el expediente se investiga si hubo delito en la manera en que la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) adquirió durante el kirchnerismo gas licuado para proveer de dicho fluido al sistema energético nacional.

Por este caso, Bonadio pidió de nuevo el desafuero del legislador a la Cámara de Diputados y ordenó la inmediata detención de Baratta.

Además, resolvió ordenar un embargo por 1.000 millones de pesos (57,3 millones de dólares) cada uno.

La denuncia fue presentada en 2014 por la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el ahora senador Federico Pinedo y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que entonces eran diputados de Propuesta Republicana (Pro, encabezado por el actual presidente, Mauricio Macri), en ese momento en la oposición.

Aquellos legisladores pidieron saber si hubo “dádivas o sobornos” en las negociaciones para la importación de gas, a partir de una entrevista concedida al diario La Nación por el exministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi (1989-1991) en octubre de 2014.

Dromi aseguró ser asesor de De Vido y afirmó que los contratos no tenían los “códigos de transparencia” que la ley le exigía a Enarsa, y que el modo en que Argentina compraba el gas no se ajustaba a la legislación local.

El 3 de octubre pasado y llamado por Bonadio, el exministro acudió a declarar en la causa y su defensa presentó un escrito en el que afirmaba que el diputado tiene el espíritu de “colaborar” con la Justicia pero destacaba que era completamente ajeno en relación con la investigación.

En ese documento, los letrados explicaron que el invierno de 2007 implicó “un duro castigo climático” al país, que coincidió con una crisis “sin igual” en las reservas de generación hidroeléctrica.

Esta situación hacía necesario, según dijeron, tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de gas con “soluciones rápidas y eficaces” que no pesasen sobre los ciudadanos.

Además, reiteraron que las decisiones para paliar esa problemática no tuvieron como consecuencia un perjuicio al Estado ni implicaron “algún tipo de relación personal con el objeto de cometer ilícito alguno”.

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