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La oposición venezolana ve una operación "fraudulenta" en la separación de una diputada

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La oposición venezolana ve una operación "fraudulenta" en la separación de una diputada

La oposición venezolana ve una operación "fraudulenta" en la separación de una diputada

La oposición venezolana denunció hoy que la separación de su escaño de una diputada de sus filas esconde una operación "fraudulenta" del Gobierno para conseguir los votos parlamentarios que necesita para que el presidente, Nicolás Maduro, pueda gobernar por decreto.

Para el secretario adjunto de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón José Medina, con esta decisión lo que se está haciendo es una "judicialización de la política" que viola la representación popular.

"Es un mecanismo fraudulento mediante el cual pretenden obtener el parlamentario 99 para obtener la ley habilitante. Una ley que supuestamente el objetivo es la lucha contra la corrupción, la obtienen mediante un mecanismo fraudulento, es un contrasentido", dijo a Efe Medina.

La mayoría chavista de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral) aprobó el martes la retirada de la inmunidad parlamentaria a la diputada María Aranguren por presuntos casos de corrupción.

Aranguren, una chavista disidente, será sustituida por su suplente, lo que supuestamente abre el camino a que el oficialismo sume el voto que le falta y logre los 99 diputados exigidos para aprobar los poderes especiales solicitados por Maduro con el fin de luchar contra la corrupción.

El dirigente cuestionó, además, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de decretar la inhabilitación de Aranguren como diputada mientras se sustancia el juicio contra ella por supuestas irregularidades detectadas en la época en la que era presidenta de una empresa inmobiliaria en la capital del estado Monagas (oeste).

"El Tribunal Supremo de Justicia (...) pretende también la exclusión de ella de la Asamblea. El fuero parlamentario es una cosa y las funciones como parlamentaria es otra. Ellos han violentado hasta ahora toda esa normativa, dadas las interpretaciones que han venido dando", afirmó Medina.

"Nosotros lo que vamos a seguir es denunciando el tema en las instancias internacionales, porque ya no tenemos vía (local) que nos permita cuestionar la decisión", añadió.

El TSJ decidió la semana pasada que hay mérito para enjuiciar a Aranguren, y autorizó a la AN a debatir la retirada de su inmunidad como parlamentaria, hecho que ocurrió este martes.

En su decisión el Supremo estableció específicamente que una vez que perdiera la inmunidad parlamentaria quedaba inhabilitada para ejercer cargos públicos, en aplicación del artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ese artículo establece que "cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido o suspendida e inhabilitado o inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante el proceso".

Según dijo a Efe el constitucionalista Gustavo Tarre, "constitucionalmente ella debería seguir en el ejercicio de su función hasta tanto sea sentenciada. Una vez sentenciada, ahí sí se separa del cargo".

"La Constitución dice que la inhabilitación solo procede cuando hay sentencia firme de un tribunal, sentencia firme es una sentencia que ha incluso agotado cualquier apelación. En este caso, lo único que ha hecho la corte es un antejuicio", insistió.

En cambio, el constitucionalista Hermann Escarrá abonó la tesis oficialista que defiende la separación de Aranguren.

"Ante la presunción de la posible comisión de un delito y concluida la fase primera del TSJ, la Asamblea Nacional autoriza para que continúe la investigación, pero ya la parlamentaria no puede ejercer sus funciones hasta que no termine el juicio, y la sustituye el suplente", dijo a Efe.

Aranguren afirma que es inocente, y el martes al defenderse en la AN de las acusaciones dijo que la bancada oficialista está "desesperada" por allanar su inmunidad para poder aprobar los poderes especiales, que permitirían a Maduro gobernar sin control legislativo.

Maduro dijo que esta semana el Parlamento le concederá los poderes especiales, que ha planteado como una cuestión de vida o muerte para el socialismo.

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