El presidente del Superior de Justicia vasco propone encuentros entre las víctimas policiales y los agresores

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha abogado hoy por la justicia restaurativa para las víctimas policiales y el fiscal superior de Euskadi, Juan Calparsoro, ha propuesto encuentros voluntarios con sus agresores para una reparación “más humana y profunda”.

Ibarra y Calparsoro han acudido esta tarde al Parlamento Vasco para dar su opinión sobre el proyecto de ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, cometidos en los veinte primeros años de la democracia (1978-1999).

Sus comparecencias se han producido por separado y a petición del PP, dentro de la fase de tramitación de la iniciativa, cuyo objetivo último es extender a todo el colectivo el reconocimiento del que ya gozan las víctimas policiales del período 1960-1978.

Los dos representantes de la judicatura vasca han valorado el objetivo que persigue el proyecto de ley, pero tanto Ibarra como Calparsoro han propuesto que se explore el camino de la justicia restaurativa para que las víctimas obtengan “la satisfacción debida”.

Ibarra ha reconocido que el proceso penal no se lo puede proporcionar, por su propio carácter, en el que víctima y agresor son “adversarios”, aunque ha indicado que “en la justicia penal se están abriendo nuevas puertas”.

También ha propuesto que, antes de conceder a una persona la condición de víctima policial, se permita un trámite de audiencia para alegaciones, de forma que se pueda escuchar a la institución pública en la que prestó sus servicios el funcionario al que se acusa de haber vulnerado derechos humanos.

“No hay por qué pensar que la institución en la que trabajó el funcionario que provocó una victimización no esté interesada en que aquel hecho no se vuelva a producir y que se repare en términos personales”, ha indicado.

Calparsoro, por su parte, ha sugerido la posibilidad de que se celebren encuentros “voluntarios y confidenciales” entre víctimas y agresores -igual que se hace con las víctimas del terrorismo y los presos de ETA de la llamada vía Nanclares- porque este tipo de iniciativas “reparan mucho más” que un reconocimiento oficial y público, y que una indemnización económica.

“No se trata de ser víctima toda la vida sino de dejar de serlo”, ha incidido, y ha explicado que la justicia restaurativa “facilita la desvictimización y superar el daño moral”, y “es muy importante” para lograr “una reparación moral completa”.