El juzgado admite la querella contra el secretario general de Manos Limpias por apropiación

El juzgado de instrucción 18 de Madrid ha admitido a trámite la querella que presentó la Fiscalía contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por un delito de apropiación indebida de 108.000 euros y lo cita el próximo día 23 para tomarle declaración como querellado.

En un auto, el juez Ángel José Lera admite la querella de la sección de delitos económicos del ministerio fiscal, que también va dirigida contra la abogada del sindicato Virgina López Negrete, a quien el magistrado ha ordenado que se tome declaración en un juzgado de Valladolid por exhorto.

En el escrito, el juez pide a una oficina del BBVA en la madrileña calle Ferraz los movimientos y la titularidad de una cuenta bancaria, así como que identifique a la persona que ordenó cuatro transferencias por 110.800 euros entre diciembre de 2010 y enero de 2011.

A otra oficina del mismo banco en la calle Manuel Azaña le pide que identifique al titular de otra cuenta y a la persona que hizo otras cuatro transferencias el 14 de febrero de 2011 “en concepto de devolución”.

La Fiscalía presentó la querella tras culminar las diligencias de investigación que abrió a raíz de una denuncia de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias SEPBLAC, aunque el juez de plaza de Castilla rechaza que se una a la causa el informe que elaboró ese organismo y acuerda devolverlo al ministerio público.

Los hechos objeto de la querella hacen referencia a la retirada de dinero de una cuenta del sindicato, de la que dice que la mitad se la habría quedado Miguel Bernad y la otra se la entregó a Virginia López, que representa a Manos Limpias en causas conocidas en las que el sindicato ejerce la acusación como el caso Nóos.

Tras el anuncio de la querella, Manos Limpias emitió un comunicado en el que señalaba que el sindicato, a través de su secretario general, aclaró a la Fiscalía en su día las dudas del informe del SEPBLAC sobre el origen de unos ingresos del sindicato del año 2010.

Explicaba que fueron motivados por la contratación de unos servicios profesionales a una plataforma de afectados de la estafa en la inversión de sellos de Fórum-Afinsa.

Añadía que en concreto eran novecientos afectados que pretendían que los servicios jurídicos del sindicato interpusieran varias demandas contra la Administración del Estado por responsabilidad patrimonial.

Este sindicato es conocido por ejercer de acusación popular en casos mediáticos como Nóos, Pokemon, Blesa, Banco Madrid, el pequeño Nicolás, los ERE o la causa en Barcelona contra el expresidente catalán Jordi Pujol.