El Congreso aprueba que las personas ciegas y sordas puedan casarse sin permiso médico

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una proposición legislativa del PP para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria con el fin de restringir a casos “muy excepcionales” el informe médico requerido a personas sordas y ciegas para poder casarse. El texto se enviará directamente al Senado para su aprobación definitiva.

La oposición ha considerado “urgente y necesaria” esta reforma para arreglar la “chapuza” que supuso la introducción por el Gobierno del PP de cambios en el artículo 56 del Código Civil para requerir a las personas con discapacidad sensorial a partir del próximo 30 de junio un dictamen médico para contraer matrimonio. Lo hizo a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en 2015, aunque el cambio en el artículo 56 no entraba en vigor hasta junio de este año. A finales de 2016, tras hacerse público en La Provincia, el Ministerio de Justicia dijo que se trataba de una equivocación.

El artículo establecía que, si alguno de los contrayentes está afectado “por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales”, el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Todos los grupos han coincidido en la necesidad de reformar esta norma que entra en contracción con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La nueva redacción –aprobada por la Comisión con competencias legislativas plenas– determina que “solo en el caso excepcional” de que alguno de los contrayentes tenga “una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial” se recabará dictamen médico.

Enmiendas rechazadas

La Comisión ha rechazado las enmiendas defendidas por ERC, PNV y PDeCAT orientadas a que las personas con discapacidad sensorial no necesiten la presencia de testigos para otorgar testamento o escrituras públicas ante notario para preservar su intimidad.

No obstante, todos los grupos parlamentarios han mostrado su disposición a trabajar en un proyecto de ley de modificación de los artículos necesarios del Código Civil para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El diputado del PP Ignacio Tremiño ha señalado que esta proposición de ley “no solo aclara la intención del legislador, sino que consigue acabar con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad”.

Desde el PSOE, Joan Ruiz ha subrayado que hay que trabajar “deprisa” para que esta iniciativa se transforme en ley y esté publicada en el Boletín Oficial del Estado “cuanto antes” aprovechando que, ahora, “el PP está dispuesto a rectificar el error”.

En nombre de Unidos Podemos, Nayua Alba ha indicado que esta proposición viene a solucionar “una chapuza legislativa” hecha durante la décima legislativa y pone de manifiesto “las terribles consecuencias de las mayorías absolutas y del rodillo” del PP.

Por Ciudadanos, Marcial Gómez ha afirmado que esta iniciativa “deshace un entuerto de proporciones quijotescas” y “viene a solventar un problema creado por el Gobierno del PP” que alumbró “una legislación tan proteccionista que acaba por ser discriminatoria para las personas con discapacidad”.

Tanto Joan Olòriz (ERC) como Iñigo Barandiaran (PNV) y Carles Campuzano (PDeCAT) han defendido enmiendas para modificar el Código Civil para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a hacer testamento sin testigos para alcanzar la plena igualdad en esta materia y superar la visión “paternalista y proteccionista” de la legislación vigente.