México crea la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas

La fiscal mexicana, Arely Gómez, firmó hoy el acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunciada el 24 de septiembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.

En una comparecencia ante el Senado, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) indicó que el acuerdo será publicado mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta unidad será la encargada de “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, en un país donde superan las 26.000 desde 2007.

Se trata de un “esfuerzo que demanda y supone el trabajo de las fiscalías y procuradurías locales, así como una puntual y eficaz participación social”, afirmó Gómez.

En una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, Peña Nieto anunció el pasado mes la creación de este organismo.

Dicha decisión fue criticada por los padres, quienes aseguraron entonces que dicha unidad debía constituirse en consulta con todas las víctimas de desaparición en el país.

Los familiares pidieron ese día a Peña Nieto la creación de “una unidad especializada de investigación (del caso Iguala) con dos instancias”.

Una de ellas centrada en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y otra dedicada a determinar las responsabilidades de los funcionarios que cometieron irregularidades durante esta investigación.

Sobre la desaparición de los 43 estudiantes a manos de policías corruptos, Gómez anunció hoy la apertura de otras líneas de investigación en este caso, aunque no dio detalles sobre ellas, y aseguró que la PGR ya tiene “identificados a más autores materiales”.

También reveló que, “a petición de muchas voces”, el expediente del caso fue remitido este jueves a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, dirigida por Eber Omar Betanzos Torres, “que integrará un grupo de trabajo para atender esta averiguación en una segunda fase”.

Hasta ahora, la investigación estaba en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pero los familiares habían pedido que pasara a otra instancia debido a las irregularidades en las pesquisas detectadas por organismos internacionales.