El alcalde y el juez decano de Cádiz firman un protocolo para evitar desahucios

El alcalde de Cádiz, José María González, y el juez decano de Cádiz, Pablo López, han firmado hoy un protocolo antidesahucios por el que los juzgados de Cádiz informarán en tiempo real a la Oficina de Defensa de la Vivienda para aumentar la capacidad de reacción ante estos hechos.

De esta forma, “desde el minuto uno y si la familia quiere”, se pondrá en marcha un “proceso de mediación para buscar solución tanto para la propiedad como para la propia familia que puede ser desahuciada”, según ha informado hoy el alcalde en una rueda de prensa.

“En Cádiz estamos más cerca de que las actuaciones en materia de desahucios dejen de estar sujetas a la improvisación y vayan orientadas a dar una respuesta ordenada y protocolarizada”, ha asegurado el edil gaditano para quien el Ayuntamiento gana una “gran capacidad de reacción” acercándolo “a la solución” a este problema.

Para el alcalde, el protocolo supone “la apertura de un canal de comunicación directo” que potencia “la capacidad de intermediación del Ayuntamiento de Cádiz y las partes implicadas en el desahucio en cuestión”.

Por su parte, el juez decano de Cádiz ha manifestado que el protocolo antidesahucios cuenta con “el apoyo y beneplácito del Consejo General del Poder Judicial y de la Sala de Gobierno del TSJA, que nos han alentado en la firma de este protocolo”.

En este punto, ha indicado que la disposición de los jueces del partido judicial de Cádiz a colaborar con el Ayuntamiento de Cádiz es “total” aunque “el procedimiento legal tiene que seguir sus trámites y no podemos salirnos de los cauces legales”.

El juez ha detallado que “toda la información que se va a facilitar al Ayuntamiento de Cádiz debe contar con el reconocimiento expreso de las personas afectadas, ya que puede haber personas que no deseen acceder a esta ayuda”.

López calcula que “desde que se presenta la demanda hasta que se señala el lanzamiento del desahucio pasa entre 45 y 60 días, pero este periodo se puede ver alterado por el hecho de que el demandado pueda formular oposición”.

Ello, unido a las prórrogas que comprende la Ley, suele retrasar el plazo de ejecución “hasta los cinco o seis meses”.

Para el juez existe “la necesidad de potenciar la intermediación” ya que es “fundamental” que “antes de que se judicialice el conflicto se solventen las diferencias desde el diálogo”.