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PP y PSOE se negaron reiteradamente a aprobar cambios en la ley hipotecaria

Diversos colectivos ciudadanos han presentado en el Congreso Iniciativas Legislativas Populares (ILP) sobre la dación en pago pero ninguna ha logrado hasta ahora prosperar

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Los dos grupos mayoritarios del Congreso, PP y PSOE, han tenido durante estos últimos años más de una oportunidad para impulsar la reforma del sistema hipotecario y abrir una puerta a la esperanza sobre la dación en pago. Pero no lo hicieron. Es más, mientras miles de desahucios eran ejecutados o estaban en marcha, varias plataformas ciudadanas presentaban en el Congreso Iniciativas Legislativas Populares (ILP) para que los políticos tomaran conciencia del drama. Ninguna de estas ILP ha llegado a ser debatida en un pleno.

Uno de los primeros rechazos a cualquier modificación en la ley se produjo en febrero de 2011, durante el último año de mandato de Zapatero. La protagonizaron el PP y el PSOE, que no apoyaron una propuesta de ERC, IU e ICV pese a que el drama ya era palpable.

La siguiente negativa llegó en junio de ese mismo año cuando el pleno del Congreso debatía una proposición de ley presentada por el BNG en la que volvía a pedirse que la ley contemplara la dación en pago en caso de insolvencia ante una hipoteca. La propuesta sólo fue apoyada por la Izquierda Plural. El PSOE, que seguía gobernando con grandes dificultades, voto en contra mientras el PP y los demás grupos se abstenían. Los socialistas justificaron su rechazo en que el Congreso acababa de aprobar a finales de abril la creación de una subcomisión para analizar precisamente la posibilidad de reformar el sistema hipotecario español. La subcomisión sigue abierta pero sin actividad desde septiembre.

En marzo de 2012, gobernando ya el PP, el partido de Rajoy rechazó también una moción presentada por Izquierda Plural en la que se pedía la dación en pago con carácter retroactivo y medidas urgentes para los desahucios en marcha. "No podemos continuar así, no puede ser que las familias se vean perseguidas", clamó entonces el diputado de ICV-EUiA Joan Coscubiela. El PP votó en contra y el PSOE, pese a estar de acuerdo con la gravedad del momento, se abstuvo alegando que había que impulsar primero un proyecto de ley de insolvencia personal, establecer una moratoria y promover el alquiler de viviendas baratas.

Poco después de rechazar esta iniciativa, el Gobierno de Rajoy dio un tímido paso al aprobar por decreto un "código de buenas prácticas para los bancos" a los que "invitaba" a aceptar la dación en pago en caso de que se tratara de familias con todos sus miembros en paro o en situación comprobada de pobreza. Al tener carácter voluntario, pocas entidades se sumaron a este código mientras la sangría de desahucios continuaba.

En estos dos últimos años –el último de Gobierno de Zapatero y el primero de Rajoy–, al menos tres plataformas ciudadanas también han presentado en el Congreso Iniciativas Legislativas Populares (ILP) sobre la dación en pago. Sin embargo, ninguna de ellas ha conseguido llegar al pleno. Algunas –pocas– de estas iniciativas suelen ser admitidas por la Mesa pero para que puedan ser debatidas por los grupos parlamentarios deben estar respaldadas al menos por 500.000 firmas que a su vez deben de ser verificadas por la Junta Electoral Central.

Sin embargo, en toda la historia de la democracia, que sus señorías recuerden, sólo ha logrado este objetivo una ILP, la ley de Televisión sin Fronteras –debatida el pasado mes de septiembre– para que las cadenas de televisión autonómicas se puedan ver en otras comunidades limítrofes con la misma lengua. Dio igual porque fue tumbada por PP y UPyD.

Las cajas con las firmas de estas iniciativas populares, conseguidas con tanto esfuerzo, son enviadas a un almacén del Congreso ubicado a las afueras de Madrid donde duermen el sueño de los justos. El volumen de espacio que ocupan es tal que la Mesa de la Cámara estudia la exigencia de que se presenten en un futuro en soporte electrónico.

Una de los colectivos más activos contra los desahucios, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lucha desde la anterior legislatura para que el Congreso asuma su iniciativa popular. Lo intentó durante el verano de 2011. Pero el hecho de que con anterioridad se hubieran presentado otras iniciativas populares muy parecidas, una por parte de un colectivo verde-ecopacifista y otra de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), hizo paralizar su propuesta ya que el Reglamento impide tramitar en la misma legislatura dos IPL similares y siempre tiene prioridad la que se haya presentado primero.

Después de muchos tiras y aflojas, los ecopacifistas retiraron finalmente la suya lo que propició el desbloqueo de la del PAH. Pero Adicae –que en su día estaba dentro de la PAH– se negó a ello lo que provocó que les acusaran de boicot. La plataforma, no obstante, volvió a la carga y lleva meses recogiendo firmas para evitar más desahucios. Incluso ha conseguido que la Mesa del Congreso amplíe el plazo de su presentación al 25 de enero de 2013.

Pero los acontecimientos, desgraciadamente, se han precipitado y el suicidio en Barakaldo de una mujer que iba a ser despojada de su vivienda ha llevado al Gobierno a anunciar medidas de urgencia, junto con el PSOE, partido al que le lastran los años en los que gobernó pudiendo impulsar los cambios en la ley hipotecaria y no lo hizo. Ahora todo son prisas.

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