El Tribunal Supremo británico analiza si Escocia puede convocar un referéndum de independencia

Londres, 10 oct (EFE).- El Tribunal Supremo británico analizará entre mañana y el miércoles si el Parlamento autónomo escocés tiene competencias para convocar un referéndum de independencia en Escocia sin el consentimiento del Gobierno británico.

La abogada del Ejecutivo de Edimburgo, Dorothy Bain, pidió a la máxima instancia judicial del Reino Unido que determine ese cuestión constitucional, antes de que la ministra principal escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, tramite ante su legislativo el proyecto de ley del Referéndum de independencia de Escocia.

Una sala de cinco jueces encabezada por el presidente, Robert Reed, escuchará los argumentos de las partes antes de pronunciar su dictamen, unas semanas después.

Además de Bain, participan en el proceso el abogado del Gobierno británico para asuntos escoceses, Keith Stewart, y Claire Mitchell por parte del Partido Nacional Escocés (SNP) de Sturgeon, aunque ella solo puede presentar sus argumentos por escrito.

Sturgeon quiere celebrar un referéndum de independencia el 19 de octubre de 2023, pero a diferencia del organizado en 2014 -que perdieron los independentistas por un 45 % frente a un 55 %- no cuenta con la autorización del Gobierno de Londres para hacerlo.

La líder del SNP se comprometió a convocar un segundo plebiscito después de que el Reino Unido votara en 2016 a favor del Brexit, “en contra de la voluntad de los escoceses”, que prefirieron en un 62 % frente al 38 % permanecer en la Unión Europea.

En 2014, los Gobiernos británico y escocés firmaron un acuerdo de transferencia de competencias al Parlamento de Edimburgo a fin de que legislara para organizar el plebiscito.

Sturgeon ha advertido de que si el Supremo concluye que el Parlamento escocés no tiene potestad para actuar sin permiso de Londres -como la mayoría de los expertos vaticinan-, convertirá las próximas elecciones autonómicas en plebiscitarias.

LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES

La corte británica podría fallar a favor de alguna de las partes o incluso podría no pronunciarse, con el argumento, esgrimido por el Gobierno británico, de que es “prematuro” hacerlo, dado que Edimburgo no ha tramitado aún su polémica ley.

En las audiencias de esta semana, se espera que Stewart argumente que, en base a la ley de Escocia de 1998, que puso en marcha el actual Parlamento escocés, solo el Gobierno y el Parlamento británicos tienen competencias sobre los asuntos que conciernen a la unión entre Inglaterra y Escocia, lo que incluiría un plebiscito sobre la independencia.

Bain defenderá a su vez que el Gobierno escocés ha de poder consultar a los ciudadanos sin permiso de Westminster.

Alegará, según lo que ya se ha adelantado, que un referéndum no afectaría en sí mismo a la “unión”, ya que la votación, tal como se plantearía, sería “consultiva”, al igual que la de 2014 o el referendo sobre el Brexit.

Esto significa que si saliera la independencia no se escindiría automáticamente del Reino Unido, sino que, para materializarla, se requeriría que los Parlamentos británico y escocés aprobaran una legislación específica.

El SNP aludirá al mandato democrático que tiene para convocar el plebiscito, tras haber ganado varias elecciones en Escocia con esa promesa.

Si el Tribunal Supremo fallara a favor de Edimburgo, la primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, aún tendría herramientas para bloquear la consulta, pero ello sería muy polémico y abriría otro proceso judicial.