El empleo joven y la ineficacia de los incentivos a la contratación
El Gobierno nos has sorprendido con la que pretende sea la medida estrella para sustentar la denominada Garantía Juvenil de empleo, una bonificación de 300 euros al mes durante seis meses (1.800 euros en total), con la que trata de incentivar la contratación de jóvenes. No es la única de la reforma, pues se amplían o refuerzan otras que ya se habían aprobado hace no mucho tiempo, pero sí es la que proyecta una mayor trascendencia.
Lo primero que debe decirse es que bienvenidas sean las medidas dirigidas a paliar el desempleo joven en nuestro país. Somos el Estado miembro, junto con Grecia, con una tasa de paro juvenil más elevada. Si bien nuestro flujo migratorio no es masivo, lo cierto es que se ha incrementado de forma muy notable. Aunque no son solo los jóvenes los que emigran, nos encontramos ante un auténtico drama económico y social para nuestro país, que ve cómo tanto talento (e inversión) se nos escapa por nuestras fronteras, en muchos casos para no volver nunca.
Pero dicho esto, lo cierto es que desde mi experiencia en el estudio de los incentivos a la contratación (categoría en que se incluyen bonificaciones, reducciones y subvenciones), no puedo compartir ni ésta, ni las últimas medidas emprendidas a este respecto y, muy especialmente, la estrategia de política de empleo que las sustenta.
Existe un cierto consenso científico, cosa por cierto poco frecuente (gran parte de este mérito le corresponde, en España, al equipo del tristemente desaparecido economista Luis Toharia), en que los incentivos a la contratación no sirven para crear empleo. Adolecen, entre otros efectos, de lo que se conoce como “efecto peso muerto”, noción con la que se pretende expresar el hecho de que se estarían bonificando puestos de trabajo que se iban a crear de todas formas, aun en ausencia de incentivo. Esto hace que este tipo de política activa de empleo no sirva al objetivo de la creación de puestos de trabajo, cosa que se le ha venido recordando al Gobierno tanto desde las universidades y centros de investigación, como desde la propia Unión Europea, a propósito de otro incentivo, en este caso la reducción denominada “tarifa plana”.
Esto no quiere decir que los incentivos no cumplan con ninguna función como política de empleo. Para lo que sirven es para focalizar el empleo que se va a crear de todas formas (de ocurrir esto) hacia determinados colectivos que presentan especiales dificultades de acceso a un puesto de trabajo. En este sentido podría pensarse que la medida es acertada pues, aun cuando no sirvan para crear empleo, permitirá que los jóvenes puedan acceder cuanto antes a un puesto de trabajo.
Sin embargo, tanto su articulación técnica como la estrategia de política de empleo que la acompañan, hacen vaticinar que esto tampoco vaya a ocurrir. En el año 2012 el Gobierno hizo un auténtica “tabula rasa” en materia de incentivos. Según mis cálculos, más de un 60% fueron eliminados. Era la ocasión perfecta para redirigirlos hacia determinados colectivos con problemas de empleabilidad, entre los que se encuentran los jóvenes, y destinar el resto a políticas activas de empleo más efectivas. Ni lo uno ni lo otro ocurrió. Las bonificaciones que se salvaron se emplearon fundamentalmente para impulsar el contrato de apoyo a emprendedores (por cierto, con poco éxito), mientras que el resto del presupuesto se destinó a la infatigable lucha contra el déficit.
Pero la parte de la decisión acertada, la que había corregido el exceso de incentivos, tampoco sobrevivió mucho tiempo. Pocos meses después se crearían nuevas bonificaciones y reducciones para el fomento del trabajo a tiempo parcial, de diversas formas de emprendimiento y, más recientemente, la ya mencionada tarifa plana y la que ahora comento relativa a la contratación de jóvenes. Se está volviendo a construir la enmarañada estructura de incentivos que había desaparecido, sin ninguna lógica, plan u objetivo que la ordene. Una acumulación de medidas aisladas, cada una con su propia finalidad, cuya falta de coherencia termina por afectar a la función que están llamados a cumplir los incentivos como política de empleo: como se dijo, focalizar el empleo hacia determinados colectivos.
Esperemos que los continuos llamamientos que desde los diversos Reales Decretos-Leyes se hace a la evaluación de los programas de incentivos lleve, por fin, a una reordenación y a un uso más eficiente de los mismos y que el problema del desempleo juvenil se ataje, con bastante más fuerza, desde políticas distintas a los siempre fáciles, rápidos y socorridos incentivos.
