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Este blog corresponde a Alternativas Económicas, una publicación mensual que te explica la información económica desde un punto de vista social.

Los fraudes bancarios despiertan a la justicia española

Manifestación de protesta contra las cláusulas suelo.

Andreu Missé

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) están provocando un verdadero revulsivo en la justicia española al elevar significativamente los derechos de los ciudadanos. Las resoluciones de los jueces europeos están forzando cambios sustanciales en la doctrina del Tribunal Supremo e importantes reformas legislativas. Estos cambios, sin embargo, son todavía muy insuficientes para resolver las necesidades de millones de personas que han sido víctimas de una incontable pluralidad de abusos por parte de las entidades financieras, desde los dramáticos desahucios hasta las injustas cláusulas suelo. 

Destacados jueces españoles han desempeñado un papel determinante en esta profunda transformación jurídica planteando cuestiones prejudiciales ante el TJUE de Luxemburgo y numerosos abogados han desarrollado intervenciones decisivas en los pleitos. El análisis de esta evolución jurídica ha sido el campo de investigación de varios libros que dan una buena muestra de la amplitud y profundidad de los cambios sociales que se están produciendo.

El verdadero impulso de esta renovación legal y judicial no se ha generado en los despachos, sino que ha llegado directamente desde la calle. Este aspecto lo reconoce de manera explícita el magistrado Guillem Soler en Protección frente a cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios (editorial 7aGen): “No puede ni debe olvidarse”, escribe Soler, “el papel que en esta materia han desempeñado determinadas asociaciones procedentes de la sociedad civil, especialmente en materia hipotecaria y de vivienda (por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca —PAH). Gracias a su actuación se ha puesto de manifiesto y denunciado un drama social al que las instancias legislativas y judiciales no prestaban la atención debida. Su actuación ha influido indudablemente en la aprobación posterior de determinadas normas, aunque no con la rapidez ni el contenido que hubiesen deseado las asociaciones”.

Soler es autor de un recurso pionero ante el Tribunal Constitucional en 2010, que fue desestimado, en el que cuestionaba que la ley negase al ejecutado la posibilidad de presentar alegaciones sobre las circunstancias del impago o nulidad de cláusulas abusivas. El magistrado destaca que las reformas legislativas efectuadas en España no sólo han sido tardías y parciales, “sino que en muchos casos no han sido espontáneas y han venido impuestas por instancias exteriores, en especial el TJUE”. Su libro constituye un texto de referencia sobre uno de los campos más difíciles del derecho, el de las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios que han causado miles de desahucios. 

En La tutela de los consumidores en los procedimientos judiciales (Bosch) el magistrado José María Fernández Seijo continúa una investigación formalmente iniciada hace tres años, en la que profundiza en el impacto que ha tenido la jurisprudencia del TJUE en el campo de las ejecuciones hipotecarias. El magistrado, autor de la histórica cuestión prejudicial sobre el caso Aziz, explica las contradicciones que han vivido los profesionales del derecho durante los convulsos años de la crisis. 

Por su parte, el abogado Eugenio Ribón, experto en derecho de los consumidores, pone al descubierto los vínculos entre las cláusulas suelo y los desahucios en su libro Cláusula suelo y reclamación de gastos hipotecarios  (Sepin). Ribón explica que las entidades financieras han percibido cerca de 10.000 millones de euros como consecuencia de la aplicación de estas cláusulas. 

El letrado apunta que “tampoco sabremos cuántas ejecuciones hipotecarias se han producido escondiendo en las entrañas de las escrituras, ante la silente contemplación del fedatario público, la cláusula suelo o intereses de demora que también han sido declarados abusivos por los tribunales”. Ribón es el autor de una demanda que logró una sentencia del Supremo en 2015 que anuló los gastos hipotecarios, cuyo efecto será un nuevo impacto para la banca.

[Este artículo ha sido publicado en el número de junio de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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