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Ordenanzas cívicas: ¿de convivencia o de control e invisibilidad de la pobreza?

"Como decía aquel verso de Bretch: 'Primero vinieron a por los judíos,… y finalmente vinieron a por mí y ya era demasiado tarde'. Estamos asistiendo a una progresiva criminalización de todo acto que no esté controlado por el poder: primero fueron las putas, luego han venido a por nosotros".

"No se multan las conductas, se multa a las personas. Nuestra experiencia lo demuestra. Y cada vez habrá más personas que serán multadas en razón no de su conducta, sino de su pobreza, de su rebeldía o de su respuesta ante situaciones injustas".

La mayoría de los jóvenes madrileños ve la prostitución como un ejercicio de la libertad sexual.

En los últimos años estamos asistiendo a un viraje hacia la criminalización de las conductas relacionadas con la prostitución voluntaria, que se ha visto en la promulgación de diferentes ordenanzas que los ayuntamientos de muchas ciudades españolas han ido aplicando. En estas ordenanzas, todas ellas llamadas "de convivencia", se prohíbe, entre una amalgama de conductas tales como la mendicidad, la música callejera, o los juegos de pelota (todas ellas de muy dudoso atentando contra la convivencia) el ejercicio del trabajo sexual en las calles multando a trabajadores sexuales y clientes.

Estos modelos jurídicos de abordaje de la prostitución que consisten en la criminalización de las conductas de los trabajadores y las trabajadoras sexuales han venido a dar respuesta, políticamente hablando, a sectores que se movían entre el prohibicionismo y el abolicionismo.

En este sentido se ha entrado en una política algo esquizofrénica, fruto de esta mezcla, pues mientras por un lado se fomentaban leyes de protección contra las víctimas de la trata (y se consideraba que cualquier tipo de prostitución era forzada) –planteamiento abolicionista—por otro lado, multitud de ayuntamientos aprobaban leyes que de hecho prohibían el ejercicio de la prostitución –planteamiento prohibicionista— en la calle.

Desde la ordenanza de Barcelona (23 de diciembre de 2005) han sido muchos los ayuntamientos que se han sumado a esta respuesta que lo que encierra, en definitiva, es un intento de invisibilización de la prostitución callejera sin ofrecer ningún tipo de alternativa para poder prestar legalmente su actividad o dedicarse a otra, si así lo desean.

Ha habido una incesante contestación de estas políticas por parte de los colectivos de trabajadores sexuales y de ONG que trabajan con ellos. Las ordenanzas no resuelven problemas sino que añaden más pesar y dificultades a las personas que se dedican a este trabajo ya de por sí complejo y difícil. La presión policial sobre este colectivo les lleva a precarizar aún más lo que ya es precario: para evitar el control policial deben, a veces, cambiar  de horario (madrugada)  o trabajar en lugares más alejados, ocultos y en definitiva más peligrosos…

En este sentido, es interesante señalar el cambio que se ha producido en la consideración mutua entre policía y prostitución. Por un lado, los trabajadores y las trabajadores sexuales que antes percibían a la policía con actitud protectora y de servicio y que acudían a ella en situaciones de peligro o amenaza, ahora la ven con una posición eminentemente controladora y de represión y su estrategia mayoritaria es la huida. Esto no favorece sus condiciones de trabajo evidentemente. Por otro lado, la policía, que cada vez más, y a medida que se afianzan estas ordenanzas, tiende a ver a las personas que se dedican a la prostitución callejera como criminales o delincuentes. 

De hecho, sus actuaciones con este colectivo son cada vez más sancionadoras. Rara vez cuando se multa a una prostituta se le informa sobre la posibilidad de ser redirigida a programas de formación o a servicios sociales. De esto último se concluye que la cuestión no es acabar con la marginalidad sino barrerla de las calles, hacerla invisible, recluirla en los sitios en los que no perturbe nuestra visión angelical y falsa de la mal llamada convivencia.

La aplicación de estas políticas prohibicionistas precariza todavía más las condiciones de desempeño de esta actividad y criminaliza a las personas. Se acaba, finalmente, penalizando la pobreza. Su principal efecto, por tanto, es el represivo.

Callejón sin salida

Paradójicamente la ordenanza sitúa a estas personas en un callejón sin salida pues les obliga a prestar más servicios sexuales y en peores condiciones para pagar las sanciones derivadas de dichas prestaciones.  La prohibición de la prostitución callejera acaba favoreciendo a los empresarios de los grandes clubes, abocando a muchas y muchos trabajadores a plantearse la posibilidad de pasar de un trabajo más autónomo y controlado por ellos y ellas a un trabajo más fiscalizado por un horario, tarifas y lugares más controlados por empresarios de este sector.

En ningún momento se pregunta a estos trabajadores sobre qué es lo que quieren o cuáles son las alternativas que ellos y ellas ven. Se legisla por ellos, se les condena a situaciones más marginales, se les criminaliza o victimiza, se les niega en definitiva el derecho a ser personas.

Desde el Área de Prostitución de la APDHA queremos denunciar que este viraje hacia el prohibicionismo no va a disminuir el problema para estas personas sino a agravarlo. Sería conveniente que fueran escuchadas, que se les diera voz en este sentido y que se favorecieran otro tipo de políticas más integradoras y más mediadoras entre la ciudadanía que comparte un espacio.

Es hora de un debate social serio que dé voz a todos los implicados y se pregunte qué es lo que se está sancionando y para quién es un conflicto el trabajo sexual en la calle. Este debate debe estar lejos de la banalización que sobre este tema hay en ciertos programas televisivos y otros medios de comunicación, debe acercarse a la verdadera realidad de las personas que ejercen la prostitución y debe dar cabida a todas las posturas. 

Pero, por desgracia, las políticas que se están llevando a cabo elevan a rango superior este tipo de prohibiciones. La ley mordaza va a prohibir, en el marco del Estado, el ejercicio de la prostitución callejera, entre otras muchas cuestiones que no responden sino a un aumento de la represión sobre la ciudadanía.

Como decía aquel verso de Bretch: "Primero vinieron a por los judíos,… y finalmente vinieron a por mí y ya era demasiado tarde". Estamos asistiendo a una progresiva criminalización de todo acto que no esté controlado por el poder: primero fueron las putas, luego han venido a por nosotros.

La saña contra las prostitutas ha sido siempre un mecanismo de control con respecto a todas las mujeres, luchar contra ese estigma es uno de los objetivos en el trabajo por los derechos de los trabajadores sexuales. Ahora las ordenanzas municipales legitiman el estigma y le dan rango de ley. No se multan las conductas, se multa a las personas. Nuestra experiencia lo demuestra. Y cada vez habrá más personas que serán multadas en razón no de su conducta, sino de su pobreza, de su rebeldía o de su respuesta ante situaciones injustas. 

Mientras siga siendo la represión la única respuesta que se dé a los problemas sociales, éstos, lejos de mejorar se convertirán en fosos que arrastren en ellos a cada vez más gente. Y si los primeros en caer serán los más débiles, pronto será arrastrado el ciudadano medio y al final sólo unos pocos serán dueños de los mecanismos que nos repriman. Hay que volver a hablar de Derechos Humanos como la única manera de dar respuesta a abismos que cada vez son más grandes.

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