Abierto el juicio contra la alcaldesa del PP de Motril por pagar una multa personal con dinero público

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GRANADA —

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha dictado la apertura de juicio contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), por la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, procedimiento que será juzgado por un jurado popular, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El Juzgado dictó la apertura de juicio oral el pasado 5 de noviembre y dio traslado del auto a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa o las alegaciones que estimen oportunas antes de la remisión del proceso a la Audiencia de Granada, que será la que fije la fecha de la vista oral.

El Juzgado investiga a la alcaldesa de Motril por el supuesto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra un exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).

Concretamente, la jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, usó supuestamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como la responsabilidad civil fijada en sentencia, entre otros conceptos.

García Chamorro es la única investigada después de que el Juzgado acordara en julio del año pasado el archivo provisional de la causa para otras dos personas por entender que en ellas dos “no puede estimarse debidamente justificada la perpetración del delito”. Una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra una exconcejal del PP que estaba autorizada en la cuenta bancaria.

“Fondos de origen público”

Unos días después, la jueza rechazó archivar la causa para García Chamorro. En este auto, consultado por Europa Press, insistía en que la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones provinciales, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que “parece defender” García Chamorro.

Por ello, estos fondos, advertía, “no deben destinarse a usos particulares ajenos al funcionamiento propio de tales grupos”, como a juicio de la jueza instructora pudo hacer García Chamorro al usarlos para el pago de la citada multa a la que fue condenada, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse y resolverse en fases posteriores del procedimiento.

Respecto al hecho de que la regidora restituyera parte del dinero en las cuentas bancarias de los grupos del PP en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granada, sostiene que ello “no supone que proceda el sobreseimiento de la causa o que no existan los indicios de criminalidad expuestos, pues el delito ya se habría consumado” y “a lo más cabría” aplicar una atenuante.

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