Trabajar sin que te paguen y teniendo que justificar los gastos. Es lo que le está pasando a muchas organizaciones sociales de Andalucía que llevan meses esperando a que la Junta les ingrese el dinero de las ayudas a las que accedieron a través de la convocatoria pública de subvenciones para “el desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas”. Así lo anunciaba el BOJA de 15 de noviembre de 2018, de acuerdo a la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), aprobada en agosto de aquel año, y bajo la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Año y medio mas tarde de aquel anuncio, los ingresos brillan por su ausencia y varias de ellas han decidido denunciar públicamente los hechos. Tras una rectificación un mes más tarde de las bases de concesión de dichas ayudas por parte del anterior Gobierno del PSOE, la Junta de Andalucía se demoró un tiempo en la tramitación de las ayudas, de unos nueve millones de euros para el bienio 2019-2020, y no abrió finalmente la convocatoria para que las asociaciones presentasen sus proyectos hasta el 25 de febrero de 2019, ya firmada por la actual consejera, Rocío Ruiz.
La primera resolución provisional se emitió el pasado 29 de octubre de 2019. Un mes después, la Consejería de Igualdad informó de que una serie de errores en las baremaciones obligaban a anular esa resolución y a emitir una nueva, que se retrasó hasta el 31 de enero de 2020, dando un plazo de cinco días a las asociaciones para que adaptaran sus proyectos a las cantidades otorgadas. El pasado 26 de marzo, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus y sin haber emitido la resolución definitiva, la Junta de Andalucía pidió a las asociaciones “que justificasen sus gastos de 2019”.
“Doce semanas después de la resolución provisional, las entidades seguimos sin saber por qué no se ha publicado la resolución definitiva ni se ha ingresado ya la subvención a las organizaciones sociales”, por lo que exigen “la publicación inmediata de la resolución definitiva de las ayudas del programa ERACIS”. Son “decenas de asociaciones de Andalucía” las que esperan los ingresos pero de momento una docena ha denunciado la situación: Prodiversa, Arrabal, Plataforma de Comunicación Comunitaria, Onda Color, Animación Malacitana, Mujer Emancipada, Vive, Nueva Alternativa de Intervención y Mediación, INPAVI, Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología, CODENAF y la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, dejando abierta la adhesión a quienes quieran sumarse.
Mejorar la empleabilidad
“La epidemia de COVID-19 ha agravado los problemas sociales en las zonas desfavorecidas, pero esto no ha venido acompañado de una aceleración del trámite por parte de la Junta, como sería deseable y necesario”, lamentan en un comunicado, donde recuerdan que la convocatoria de subvenciones para ERACIS de la Consejería sirve “para llevar a la práctica lo que el vecindario de estos barrios ha identificado como necesario, principalmente para mejorar su empleabilidad, aunque también para abordar aspectos formativos, sanitarios, de convivencia y sobre la imagen estereotipada de estas zonas”, entre otros aspectos.
Muchas de las entidades afectadas, en los casos en los que les ha sido posible, han iniciado ya sus proyectos entre diciembre de 2019 y la actualidad, “adelantando decenas de miles de euros porque los barrios lo necesitan”, algo que “resta capacidad operativa a las asociaciones para actuar ante la emergencia social en los barrios por el COVID-19”. Por eso consideran “urgentísimo que la Junta cumpla su obligación” ya que “hay que sembrar los pilares de la reconstrucción de los barrios ya, no después de la crisis”.
Fuentes de la Consejería señalan que la resolución definitiva que reclaman las entidades “se publicará en breve, lo antes posible” y que, “paralelamente se está trabajando en la modificación de la Orden de bases reguladoras de estas subvenciones para que sea posible ampliar su plazo de ejecución hasta mediados de 2021”.
En cualquier caso, la Dirección General de Servicios Sociales dirigió el pasado 31 de marzo un correo electrónico a las asociaciones “ante las numerosas consultas y peticiones planteadas” y en el que, acerca de la justificación pedida cinco días antes, se explicaba que en las bases se establece un plazo de justificación de tres meses desde la finalización del año natural. Algunas entidades empezaron en diciembre del año pasado, por lo que tienen “una gran inseguridad jurídica”.
“Parar” los proyectos
Señalaba la Junta que las entidades que habían empezado ya la ejecución de los proyectos podrán adoptar la decisión o no de continuar con las actividades programadas, concluyendo que, “si la entidad carece de recursos para hacer frente a las nóminas y los seguros sociales ante esta situación de incertidumbre entendemos que, lo más prudente, es parar y reanudar los proyectos cuando las circunstancias cambien y su situación económica lo permita”.
Añadía la Consejería que “es posible el retraso y/o suspensión temporal de la ejecución durante el periodo que esté en vigor el estado de alarma decretado, en la medida en que se imposibilita el normal desarrollo de las actividades programadas”. Para ello, la Dirección General “con el objeto de no poner en peligro la efectiva ejecución de los proyectos de las entidades beneficiarias, ha iniciado la tramitación administrativa para la ampliación del periodo de ejecución de los proyectos, de aquellas entidades que así lo decidan, hasta el próximo 30 de junio de 2021”.
La convocatoria ERACIS sustituyó a las ayudas que antes se denominaban proyectos para Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS), pero “desde entonces no se ha resuelto nada” y “desde 2017 no se financian ayudas específicas para esos barrios”. Por todo ello, las asociaciones piden a la Junta el ingreso a las entidades beneficiarias “en un plazo máximo de 15 días desde la resolución definitiva” e “iniciar un proceso de diálogo con las organizaciones para mejorar la normativa que regulará la convocatoria de 2021 y permitir una intervención social más eficaz”.
Además de solicitar que la convocatoria para 2021 se abra el 1 de septiembre de este año y que la resolución definitiva se publique antes del 31 de diciembre, con el ingreso de las subvenciones antes del 15 de enero para posibilitar una continuidad en los programas de un año a otro, evitando interrupciones, las entidades solicitan “que el resto de consejerías impulsen acciones específicas, ya sean convocatorias de subvenciones o de otro tipo, en consonancia con la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión Social.
Las políticas generales “fracasan”
En este sentido consideran “inadmisible” que “solo la Consejería de Política Sociales haya puesto en marcha una línea específica para las zonas desfavorecidas. Solo la integralidad permitirá realmente sacar a estos barrios de la marginalidad y necesitamos que Salud, Empleo, Vivienda y otros departamentos creen políticas e instrumentos específicos para estos barrios. Las políticas generales llevan demasiadas décadas fracasando”, concluyen.
Argumentó la Junta en el mencionado correo en relación a la fecha prevista para la resolución de la convocatoria que “no es posible, dadas las circunstancias actuales, hacer una verdadera estimación aproximada del plazo previsto para la resolución definitiva de la convocatoria, dependiendo en gran medida del tiempo de duración del actual estado de alarma”, asegurando que se están poniendo “todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, para que dicho plazo no se dilate más allá de lo inevitable”.