La jueza de los contratos sanitarios troceados interroga en Cádiz a dos altos cargos de la Junta tras el anuncio electoral
Dos altos cargos de la sanidad andaluza han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz como investigados en una pieza separada sobre los contratos de emergencia. Es de recordar que este juzgado, cuya investigación que se centraba en el presunto abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley, abrió a comienzos de año nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que se unificó con la investigación ya en curso a raíz de una denuncia de Podemos.
El exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en esta provincia, Demetrio González (que ya declaró en abril del año pasado), han rehusado responder a preguntas de los abogados de ambas formaciones políticas, según comentan fuentes cercanas al caso, que añaden que la Fiscalía no ha comparecido a las citaciones judiciales.
Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una “pieza separada” para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a:
La causa original en el juzgado de Cádiz se centraba en el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley. La nueva línea de investigación apuntaba a otro tipo de adjudicaciones directas: los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada por un juez de Sevilla.
Ambas causas parten de las mismas denuncias de los interventores del SAS en las ocho provincias, que alertaron en sus informes desfavorables de las irregularidades en la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, con un puñado de clínicas privadas.
La querella que se archivó en Sevilla era la más trabajada -15 meses de instrucción- y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.
Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y en otro tribunal de Córdoba, los socialistas presentaron cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.
Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya la denuncia del PSOE y la de Podemos: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, que es lo que investiga el tribunal de Cádiz.
El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.