Demasiadas Vidas sin Rastro

1.032 kilómetros separaban a Mallouk de Chaimae y de Mohamed. Lo que Mallouk no se podía imaginar es que el dolor que lo acompañaría durante el viaje de más de 10 horas que separan Atxondo de Barbate se multiplicaría por tres al no poder reconocer los cuerpos de sus seres queridos, tras el naufragio, el 15 de octubre de 2021, de la patera en la que viajaban su esposa, su hijo, su cuñado y dos primos junto a 7 personas más. Las 12 personas perdieron la vida en esa tragedia. 

La desgracia de Mallouk no es la excepción, pero permanece invisibilizada. Solo el trabajo que realizamos desde muchas asociaciones y la difusión en algunos medios de comunicación permitió comprobar que el periplo que padeció Mallouk con la administración española y marroquí para poder identificar los cadáveres, repatriarlos y dar sepultura a sus familiares en su país de origen no es casual ni tampoco excepcional.

No es casual porque cada día decenas de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, dejan toda una vida atrás para buscar un futuro mejor, en un periplo casi siempre incierto por los impedimentos que los gobiernos de los países europeos imponen a base de vulnerar los derechos más fundamentales. Tampoco es excepcional porque cuando la desgracia evitable de un posible naufragio sacude a las personas que ponen en riesgo sus vidas ante la falta de vías legales y seguras para migrar, el efecto se duplica para sus familiares.

Madres y padres desalentados que cada día escriben correos, hacen llamadas o contactan a través de las redes sociales con cualquier persona o asociación que pueda ofrecer una noticia sobre el paradero de su hijo, su hija o cualquier familiar; porque la opacidad de nuestra administración relega a un limbo, y no solo administrativo, a esos familiares. Es ese limbo emocional lo que nos impulsó a poner en pie el pasado mes de mayo, junto a activistas internacionales del Grupo Puente y con el apoyo de un centenar de organizaciones, la campaña #VidasSinRastro; una campaña que pretende dar respuestas o, al menos, situar a quienes tras días, meses o años han visto como la incertidumbre y la indolencia de la Europa que presume de derechos humanos restringe y vulnera los derechos de miles de personas y de sus familiares.

Son decenas de miles las familias las que desconocen que, aunque la entrada irregular en España no es un delito, sus hijos e hijas estarán privados de libertad hasta un máximo de 72 horas - y hasta 10 días por el protocolo COVID19 - y en muchas ocasiones, en lugares no habilitados para ello. Son muchas las familias las que ignoran que durante esas 72 horas puede que les hagan firmar un documento cuyo contenido no comprenden porque no está en su idioma y tampoco cuentan con asistencia jurídica en el caso de que deseasen solicitar asilo o protección internacional. Son también muchas las que no entienden por qué España tiene acuerdos con Marruecos en los que sus ciudadanos y ciudadanas son devueltas en un abrir y cerrar de ojos al mismo país del que huyeron porque no existían perspectivas de futuro o sus vidas corrían peligro.

Son muchas familias las que se preguntan dónde están sus seres queridos cuando, inmediatamente después de poner un pie en un puerto andaluz, canario, alicantino, mallorquín o murciano, pueden estar encerrados en una cárcel racista, llamada CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros), hasta 60 días.

Son miles de familias desamparadas por gobiernos que no renuncian a incumplir la legislación internacional, y como ejemplo el de nuestro ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que incluso existiendo pruebas más que evidentes de masacres como la del pasado 24 de junio en Melilla, mantienen las alabanzas a las actuaciones más violentas en la historia de nuestra Frontera Sur.

Son “demasiados” Mallouk, “demasiadas” madres tunecinas, marroquíes o senegalesas, familias camerunesas, guineanas, marfileñas o argelinas y otras muchas personas activistas de ONG las que hemos visto cómo el abandono institucional intenta que se conformen con la ausencia y la falta de respuesta ante un hecho que tiene una factible solución si existiese verdaderamente una voluntad política: la de establecer unas medidas para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios.

En el documento de “Medidas para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios y sus familiares” que lanzamos en el 34º aniversario del primer naufragio documentado en la Frontera Sur no solo denunciamos la desprotección institucional y la falta de un marco normativo que atienda la dimensión transnacional de esta situación, que ocasiona vulneraciones de derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos post mortem de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias. 

Evidenciamos, además, que esta inacción y opacidad es una forma voluntaria de castigo y/o tortura hacia las familias, y de deshumanización hacia las personas que deciden, o no tienen más remedio, que emprender un proceso migratorio.