El Partido Popular inició esta legislatura contratando auditorias millonarias para descubrir supuestos fraudes de los anteriores gobiernos de la Junta andaluza. A pesar de los millones invertidos, nada sustancial ha sido descubierto. Pero, además del derroche económico, el PP encargó a estas empresas auditoras, agentes significativos del entramado financiero del gran capital español, el rediseño de la estructura institucional de los servicios sanitarios públicos de Andalucía, convirtiéndolas de hecho en socios de gobierno.
En un día cualquiera, los más de 1.500 centros de salud y consultorios, y los 50 hospitales de la sanidad pública andaluza prestan más 125.000 consultas médicas y 73.000 de enfermería, cursan 1.500 altas hospitalarias, y realizan más de 1.300 cirugías. Esta gran actividad depende sobre todo de los recursos humanos disponibles, que son la base principal de la actividad sanitaria. Por ello, déficits relativamente modestos de esos recursos humanos provocan grandes efectos en la intensidad y la calidad de la asistencia sanitaria.
Como en otras CCAA, los servicios sanitarios públicos de Andalucía también han sufrido la enorme presión asistencial debida a la pandemia. La pandemia ha hecho aflorar la precariedad de la sanidad andaluza, especialmente de la atención primaria y de los servicios de salud pública. Desde hace años, el gasto andaluz per cápita en sanidad es el más bajo del país, lo que se corresponde con los peores indicadores sanitarios de España, y un determinante fundamental de que los andaluces vivamos menos años, tengamos más mortalidad y suframos peor salud que el resto de los españoles. A esta precariedad estructural, se añadió que la sanidad andaluza sufrió los mayores recortes de toda España, fruto de las políticas frente a la crisis adoptadas por los gobiernos de Susana Díaz.
El PP conocía de todas estas carencias cuando accedió al gobierno andaluz, además de saber que esas carencias habían sido determinantes en los resultados electorales que le llevaron al poder. Sin embargo, en estos años ha continuado con la misma precariedad de la sanidad andaluza, que se resumen en profesionales sanitarios bajo deficientes condiciones de trabajo, con peores retribuciones y una altísima temporalidad, en comparación con otras CCAA. El resultado es que cientos de profesionales sanitarios andaluces han emigrado a otras CCAA que le han ofrecido mejores condiciones, y específicamente, más estabilidad laboral. Dos ejemplos: a día de hoy miles de profesionales andaluces se ven sometidos a la renovación de sus contratos cada tres meses; y, en plena pandemia no se le ha renovado el contrato a unos 8.000 sanitarios (un 8% de la plantilla). Las consecuencias bien visibles son miles y miles de andaluces en listas de espera o sin asistencia sanitaria puntual y adecuada en los centros de salud.
A medida que se acaba la pandemia, se hace transparente el desastre sanitario del gobierno del PP. Es por ello, que en los últimos meses promueven ocurrencias como, pedirles a los profesionales jubilados su vuelta al trabajo, o a los activos su voluntariedad para trabajar jornadas de 12 horas. Ninguna de estas medidas mejorará los servicios sanitarios públicos andaluces, porque no abordan sus causas estructurales; son parches para salvar la situación preelectoral.
A lo largo de los años 90 se crearon en Andalucía lo que hoy se llaman agencias públicas sanitarias, instituciones totalmente públicas, pero con un grado de autonomía mucho mayor que el resto de los centros integrados en el llamado Servicio Andaluz de Salud (SAS); llegaron a contar con casi el 25% del personal de los servicios sanitarios andaluces. Son principalmente hospitales, y la empresa pública de emergencias sanitarias 061. Tanto el PP como Vox han hecho de la desaparición de estas instituciones y su integración en el SAS un objetivo estratégico y público. Sin embargo, estas son instituciones referentes en Andalucía y en España porque su autonomía de gestión les ha permitido mayor eficiencia, ser pioneras en establecer sistemas de calidad para garantizar la mejor atención sanitaria a sus pacientes, tener un gran prestigio entre los profesionales y los gestores, y obtener resultados muy superiores a los indicadores habituales de la sanidad andaluza.
Nada ganan los pacientes o los profesionales de estas agencias con su desaparición, bien al contrario. Su desaparición implica que el PP ha apostado por engordar la ya gigantesca estructura del Servicio Andaluza de Salud (SAS), lo que significa mayor burocratización, mayor centralización de las decisiones en Sevilla, y peores condiciones para el desarrollo profesional. El SAS, un gigante administrativo, es un lastre para el desarrollo de prácticas innovadoras de gestión sanitaria. Además, el centralismo en los procesos de decisión permite al nivel político el control del “aparato” y del gasto sanitario. Pero impide la adecuación de los servicios sanitarios a las necesidades locales y a la tremenda variedad de las necesidades sanitarias de los andaluces. Basta observar las enormes desigualdades en los indicadores sanitarios entre las provincias andaluzas. Desigualdades que están en el origen de muchos agravios territoriales en Andalucía.
Además del aumento de la financiación pública desviada hacia el sector privado, la pretendida desaparición de la Escuela Andaluza de Salud Pública anticipa a las claras el futuro de la sanidad andaluza bajo el gobierno del Partido Popular. El PP lleva tres años intentando cerrar esta Escuela que tiene casi 40 años de historia, y un enorme prestigio nacional e internacional; hasta el punto de que ha habido una gran campaña nacional e internacional en su defensa. Varias son las causas principales por las que el PP pretende cerrar la EASP.
La EASP forma tanto a profesionales como a gestores sanitarios en los valores que corresponden a un servicio público, que debe gestionarse bajo los principios de equidad y eficiencia. Su desaparición trasladaría la formación de estos gestores y profesionales a instituciones privadas cuya formación estará orientada hacia la sanidad como un mercado con el potencial de grandes beneficios económicos. En segundo lugar, desde hace años las grandes empresas consultoras de este país han pretendido entrar en el “mercado” sanitario público andaluz, dado su gran tamaño. Hasta ahora, no han podido competir con la Escuela en calidad, eficiencia y know-how de los servicios sanitarios. Así que el cierre de la Escuela producirá un beneficio directo a esas mismas consultoras socias del PP. Además, desaparecida la EASP, los recursos públicos de esta institución irán a parar al sector privado que crearán los sectores empresariales afines al PP. Y finalmente, a nadie se le escapa que con la desaparición de la Escuela desaparece una institución significada en la lucha contra las desigualdades sociales y de género, o contra el impacto de la destrucción ambiental en la salud de los andaluces.
Abundando en lo mismo, una de las primeras medidas que tomó el gobierno del PP fue eliminar la incompatibilidad que tenían los jefes de los servicios sanitarios públicos andaluces, para desarrollar actividades privadas. Esta medida ha abierto la puerta a las prácticas de corrupción imperantes durante el franquismo, cuando los médicos cobraban sus servicios privadamente a sus pacientes, pero trasladaban los costes de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos y cirugías a los hospitales públicos. Esta medida, además, pone a disposición del sector privado a profesionales altamente cualificados, que deben su experiencia a su trabajo en los servicios sanitarios públicos. Y lo hace en un momento en el que el sector privado tiene graves problemas para encontrar profesionales sanitarios, dadas las tarifas tan bajas con las que pagan. Es decir, el PP le está echando una mano al sector privado y endilgándole los costes al sector público.
A todo lo anterior deben añadirse prácticas como el nombramiento de responsables para puestos profesionales a dedo y sin la debida capacitación profesional. O el descontrol del gasto farmacéutico, de la que ha alertado la propia Consejería de Hacienda del gobierno andaluz.
El PP andaluz está siguiendo la misma estrategia que siguió en Madrid. Deterioro de los servicios públicos a sabiendas de que aquellos andaluces que puedan permitírselo se pasarán al sector privado, con el fin último de justificar mayores cuotas de externalización hacia el sector privado de la actividad sanitaria, para finalmente privatizar de facto hospitales y centros sanitarios. Andalucía caminito de Madrid, define lo que llevamos de legislatura.
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