Si por un momento hacemos el ejercicio de contar los diputados y diputadas del Congreso por Comunidades Autónomas, el grupo más numeroso es el Grupo Andaluz, integrado por sesenta y un diputados y diputadas mandatados por la ciudadanía andaluza para defender sus intereses así como los generales de España.
Este dato no es menor si se tiene en cuenta la realidad de nuestras instituciones, con un Senado que tiene muy poco de Cámara de representación territorial, y que, en consecuencia, ha convertido a -algunas- de las Comunidades Autónomas de origen de los diputados y diputadas del Congreso en una referencia fundamental para desarrollar su trabajo parlamentario en defensa de las necesidades, demandas y problemas concretos de éstas.
La resultante es que, más allá de las ficciones interpretativas del texto constitucional que se quieran hacer, lo cierto es que el Congreso funciona en la práctica como cámara de representación territorial. Y eso lo han entendido mejor en algunas nacionalidades históricas que en otras: a la resonante voz de los partidos catalanes se añade la transcendental visibilidad y relevancia de los representantes vascos del PNV; incluso Galicia, la cuarta de las comunidades históricas junto con las mencionadas y Andalucía, habla con voz propia en la tribuna del Congreso y tuvo representación autónoma en las negociaciones presupuestarias con la ministra de Política Territorial y Función Pública gracias a sus representantes de EnMarea, inscritos en el Grupo Confederal de UP-ECP-EM.
Pero no es solo el caso de las comunidades históricas: un único voto de la diputada de Coalición Canaria y otro del diputado de Nueva Canarias han sido cruciales para que esta Comunidad tuviera voz y fuerza para exigir soluciones para sus islas.
En este marco de instituciones que no responden a la estructura plurinacional de España y que adolece de las instituciones, los contrapesos y las divisiones competenciales propias de un estado federal no puede obviarse tampoco el peso que asume Madrid y su establishment como capital del Reino. No es casual que sean decisiones políticas centralizadas y centralistas y no fundamentos económicos los que hayan diseñado las infraestructuras radiales de carreteras y ferrocarriles de este país con centro en Madrid; que en Madrid que se haya situado el mayor hub aeroportuario de España con cuantiosas inversiones; y que sea en Madrid -al contrario de lo que sucede en otros países federales como Alemania- donde residen las sedes de todos los poderes del Estado, incluido el financiero.
Nuestro sistema adolece de espacios de decisión en los que las Comunidades Autónomas, todas, puedan sentarse y negociar con el Estado en igualdad de condiciones. Más allá de las Conferencias Sectoriales, son pocos los espacios de encuentro y diálogo y el Senado, aparente Cámara de representación territorial, hace tiempo que abdicó de esa labor y funciona en la práctica como una segunda cámara de representación ciudadana donde en el mejor de los casos son los partidos y no los territorios los que marcan el debate.
Esta anomalía no es nueva. No queda tan lejos la época en que el PSOE o el PP pactaban con nacionalistas para lograr su investidura y la posterior estabilidad parlamentaria y situaban, con ello, las demandas de determinados territorios en mejores condiciones de ser satisfechas que las de otros. Todo dentro de la normalidad democrática pero, al mismo tiempo, todo en contra del necesario equilibrio territorial que requiere consolidar no solo un Estado avanzado sino, también, una democracia avanzada.
Esa búsqueda de estabilidad parlamentaria es la razón de fondo por la que Cataluña podría llegar a recibir 1.000 millones en los próximos dos presupuestos sólo en inversión en trenes de cercanías, mientras que Andalucía recibiría para la misma partida ferroviaria apenas 58 millones de euros en 2019 y la pírrica cantidad de 568.000 euros en 2020. Pero no es sólo cuestión de infraestructuras y recursos. Son también gestos simbólicos los que han ido alimentando la tensión y los agravios, Y, si no, qué otra explicación puede haber a que se proponga anular la condena franquista a Companys y no la de Blas Infante. ¿Existe alguna razón jurídica o histórica que se nos escape ante ese agravio comparativo?
Por eso, aunque algunos estemos convencidos y convencidas de que la fórmula integradora para superar un conflicto territorial como el que vivimos es un nuevo modelo de Estado Federal y Plurinacional, con una Cámara Alta de corte Federal, defendemos, además, que mientras llega o no esa reforma constitucional, Andalucía debe tener voz propia allá donde se debata de Andalucía o de cuestiones que afecten a los andaluces.
Esto es, defendemos que Andalucía no sólo debería estar en todas y cada una de las discusiones sobre el nuevo modelo territorial, y frente a intereses particulares o partidistas, sino que también debería de tener un papel esencial en el camino que nos llevara a él, empezando por la propia discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, o en otros debates ahora relegados, como el del Estado de la Nación.
El pueblo andaluz se caracteriza por un atávico rechazo a la injusticia y la desigualdad. Baste recordar que cuando se levantó aquel 4 de diciembre de 1977 lo hizo dejando claro que Andalucía sería como la que más, que no entendía de primus inter pares sino de iguales.
Por otro lado, y sin remontarnos tan atrás en el tiempo, estas últimas elecciones del pasado 2 de diciembre nos han enseñado que en ausencia de una voz clara en defensa de los intereses de Andalucía allá donde éstos saben se toman decisiones transcendentales sobre su destino, la ciudadanía andaluza puede llegar a delegar su voto en aquellos que demagógicamente dicen rechazar privilegios pero ignoran la más profunda de las desigualdades, la que se fragua entre los de arriba y los de abajo, con independencia de su lugar de origen o el territorio en el que residan.
Para evitar que en nuestra tierra los demagogos ganen terreno es imprescindible visibilizar una fuerza que rechace con contundencia el desequilibrio y el agravio a Andalucía que se va abriendo camino como solución desde Madrid y Barcelona. Y es preciso hacerlo desde una fuerza que abrace con la misma fuerza la diversidad, que comprenda la plurinacionalidad como una riqueza, que contemple la necesidad de avanzar a un nuevo pacto de estado Federal y que lo haga poniendo los derechos sociales y la solidaridad en el centro.
Oportunidades para hacerlo no faltan cada día. Es más, en estos tiempos de gesticulación y discursos huecos de la política con minúsculas, los hechos se acaban imponiendo como única herramienta para la Política con mayúsculas. Estamos a la puerta del debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Adelante Andalucía apenas tiene unos meses de vida y somos conscientes de que el camino es largo, pero no podemos permitirnos más retrasos si queremos avanzar como la fuerza política progresista que aspira a defender Andalucía y sus intereses allá donde se tomen decisiones sobre ellos.
Dicho de otra forma y con mayor contundencia: defender Andalucía con voz propia en el Congreso es hoy un imperativo moral para las demócratas andaluzas.
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