EN PRIMERA PERSONA
Mi experiencia con la salud mental pública: cuando una evaluación se convierte en lujo
EN PRIMERA PERSONA
En mi recorrido por el sistema andaluz de salud mental he recibido múltiples diagnósticos, desde crisis adolescente hasta el famoso Trastorno Límite de Personalidad. Todos ellos sin plantear siquiera la posibilidad de que estuviera dentro del foco de la neurodivergencia. ¿Por qué cuesta tanto creer en la posibilidad de que una chica entre dentro de ese marco? Y sí, me refiero al género femenino a propósito por la poca prevalencia que el espectro autista tiene notificado oficialmente en mujeres. Esto refleja un problema enraizado: el sesgo de género, que se practica también en nuestras consultas psicológicas y psiquiátricas. Una brecha más para la mujer.
En cuanto a mi historia personal, mi contacto con una Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) comenzó en el 2014 y desde entonces he tenido que guiar mi viaje por mi mente a mis respectivos terapeutas. Parecía que ninguno comprendía lo que pasaba por mi cabeza, por qué tenía esas crisis o la razón de mis conductas y comportamientos.
Y es que no hay una soledad más oscura que sentir que nadie te comprende, de hecho, ni siquiera los que se suponen que son los profesionales que te acompañarán en tu viaje a la recuperación. Pero ahora he comprendido que la recuperación no es eso que ellos plantean. Un dibujo capacitista del futuro, un futuro neurotípico en el que trabajas sin problema, haces tu día a día como todo el mundo espera, mantienes relaciones sociales frecuentes, en resumen, hacer frente a la vida como todo el mundo comprende.
Una demanda de entrar al mundo laboral, ¿no es así? En resumen, esa es la finalidad de la curación de un problema de salud. Todo está enfocado a ello.
Pero, ¿cuál es mi realidad? Tengo que hacer frente a una evaluación y diagnóstico por la privada legitimado por la pública de (el centro más barato pero de renombre) TEA en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral por 350 euros viviendo con una pensión por mi acreditado 65% de discapacidad al cual no puedo hacer frente
Entonces algo en tu cabeza estalla y no puedes soportar más esas exigencias. Te permites (solo algunos o algunas de nosotras) parar y te estabilizas. Al fin te encuentras a ti misma. Encuentras paz, te analizas. Y empiezas a leer. En mi caso, me interesa muchísimo analizarme así que leo mucha psicología (entre otras disciplinas) y me doy de bruces con el espectro autista.
Lo dejo apartado por un tiempo, pero necesito retomarlo meses después. Empiezo a hacer tests de autismo ¿y lo que más me preocupa? El propio sesgo de confirmación. Por eso contrasto información de mi infancia con mi madre, con personas de mi alrededor… no confío en mi propio criterio.
Acudo al SAS a cita rutinaria, le planteo mis dudas. Me indican lo siguiente: “Aquí no te podemos evaluar de autismo, las pruebas son muy caras”. Son palabras textuales de la psicóloga de la Seguridad Social. Es decir, mantenerme con ocho psicofármacos distintos sí, evaluarme no. Minipunto para las farmacéuticas. Volvéis a ganar.
La realidad es que necesito una revisión de diagnóstico urgente, conocer la realidad, mi mapa mental, que me aborden desde la objetiva clínica existente.
Pero, ¿cuál es mi realidad? Tengo que hacer frente a una evaluación y diagnóstico por la privada legitimado por la pública de (el centro más barato pero de renombre) TEA en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral por 350 euros viviendo con una pensión por mi acreditado 65% de discapacidad al cual no puedo hacer frente.
De modo que tenía dos opciones: quedarme de brazos cruzados y que la Seguridad Social me tratase como le diese la gana o hacer justicia y montar un crowdfunding que es justamente lo que he hecho.
Mi duda existencial ahora es cómo nombrar a esto, ¿simplemente injusticia o propiamente negligencia?