Moreno Bonilla promete, la sanidad privada factura

Con su habitual tono de cronista oficial, Moreno Bonilla declaró, tras la negligencia que provocó la crisis de los cribados, que los problemas del SAS no eran de personal ni de dinero, sino más profundos. No le faltaba razón, el problema es el modelo del Partido Popular. Han empeorado todos los indicadores. Las listas de espera están en cifras escalofriantes, se ha maltratado al personal sanitario y a los pacientes. Todo ello tras dilapidar miles de millones de euros que vuelan a las cuentas de resultados de las multinacionales farmacéuticas y de las empresas de sanidad privada. Estas son las grandes beneficiarias del destrozo del Servicio Andaluz de Salud.

Mientras Moreno Bonilla promete, las empresas privadas facturan. Lo hacen con los “encargos” del SAS y con el aseguramiento privado, ese que sigue creciendo sin parar porque la ciudadanía necesita atención sanitaria y no puede esperar semanas una cita con su médico de familia o meses, incluso años, a que le vea un especialista. Un negocio redondo a costa de nuestra salud, pagado con nuestro dinero y atendido con nuestro personal, al que el PP ha abierto la puerta a trabajar en la sanidad privada mientras afirma que no contrata más profesionales “porque no los hay”.

Mientras Moreno Bonilla promete, otra vez con unas elecciones en puertas, el hospital de Cádiz, el de Málaga, o el materno infantil de Huelva, solo en el último concierto ha entregado 553 millones de euros a la sanidad privada, siendo las mayores beneficiarias HLA, Quirón, Vithas y Pascual. Él posa para la foto y pone la primera piedra, pero es la sanidad privada la que construye y amplía su red con nuestros recursos. Desde que llegó al gobierno, ha trasvasado 4600 millones de euros a la sanidad privada. Solo en este año, la inversión pública del SAS decrece en 244 millones, mientras que el presupuesto que irá a la privada contabiliza 705 millones.

Y todo ello con las listas de espera fuera de control.

Las consecuencias de no cuidar a la población ni al personal sanitario las estamos padeciendo a diario. La indignación que ha movilizado a sindicatos, mareas y asociaciones de pacientes marca con claridad el cambio de rumbo que toda la sociedad reclama y que las políticas de salud de la Junta necesitan.

Este pasado domingo lo vimos con claridad: profesionales sanitarios, desde médicos hasta celadores, desde enfermeras hasta personal administrativo, junto a cientos de colectivos y miles de personas, salieron a las calles de las 8 capitales andaluzas bajo el lema “Negocio en sanidad, más mortalidad” para manifestarse contra el deterioro constante que sufre la sanidad pública andaluza.

En definitiva, para reclamar algo tan básico como contar con una sanidad pública que cuide a las personas, que no mire la cartera y que garantice la atención en condiciones de igualdad. Porque la sanidad pública no es solo un servicio esencial: es una pieza clave del modelo de futuro que necesita Andalucía.

Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias

Estas movilizaciones suponen, además, una enmienda al intento de Juan Manuel Moreno Bonilla de expulsar del debate público la cuestión sanitaria, como si no fuera político garantizar cita rápida cuando tienes fiebre, diagnóstico a tiempo cuando hay riesgo grave en tu salud o intervención quirúrgica que no se cronifique en una espera desesperante.

Es imperativo un cambio de gobierno que rectifique esta deriva que, no lo olvidemos, cuesta vidas. El Servicio Andaluz de Salud no aguanta una tercera legislatura en esta situación.

“Hay que fortalecer el SAS” no es una frase vacía. Falta personal en todas las categorías y para contratarlo y retenerlo se precisan contratos más estables y mejor retribuidos. Este refuerzo permitiría acabar con miles de derivaciones y poner a pleno rendimiento los equipamientos sanitarios públicos. La sangría de derivaciones cuesta mucho más cara que mejorar las plantillas. Tenemos personal sanitario andaluz en todas las CCAA y en el extranjero, y una fuga incesante a la sanidad privada. Simplemente, no nos lo podemos permitir.

Tampoco es aceptable que sanitarios duerman en autocaravanas en los aparcamientos de los hospitales para cubrir contratos de corta duración en los municipios de gran afluencia turística. Para ese personal, el SAS debe incorporar un complemento a modo de “cheque vivienda” que les permita afrontar el sobrecoste de su alojamiento. No es de recibo que tengamos a miles de niños y niñas sin atención pediátrica en sus centros de salud y que la Junta mantenga una brecha salarial entre facultativos de hospitales y de Atención Primaria que en algunos casos supera el 20%. Es injustificable que las TCAE sigan con unas funciones de 1973 y se les niegue su categoría real, el C1. Es inaceptable que no haya matronas, técnicos de documentación o de anatomía patológica, personal administrativo… que lo formemos para que luego engrosen las listas del paro o se marchen a trabajar a otros sistemas. Y, definitivamente, es un insulto a nuestra inteligencia que se oculten los datos de listas de espera de pruebas diagnósticas mientras que trece CCAA los publican.

Ese apagón da la medida del riesgo cierto en el que se mantiene a la ciudadanía: sin diagnóstico no hay tratamiento, y sin tratamiento no hay recuperación. Así que es cierto. Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras

Y esto se logra, por ejemplo, con un férreo control del gasto en medicamentos, aunque a alguna que otra farmaceútica le moleste. O asegurando el acceso a un hospital de titularidad y gestión íntegramente públicas. Y si para ello hace falta expropiar el uso de hospitales actualmente privados, debe hacerse, moleste a quien moleste.

Y también es posible que a algunas personas les moleste un gobierno que elimine la compatibilidad entre sanidad pública y privada para jefaturas de servicio y puestos de responsabilidad. Pero debe hacerse, porque no es lógico que quienes dirigen nuestra sanidad trabajen en la “competencia”.

En definitiva: solo con medidas certeras, firmes y valientes es posible construir una sanidad pública a la altura de Andalucía.

Solo así será posible garantizar atención sanitaria de calidad los 365 días del año en todos los rincones de nuestra comunidad o garantizar un tiempo de espera máximo de 48 horas para las citas con el médico o médica de cabecera.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras.

Porque los andaluces merecemos un gobierno que nos cuide, no que nos mienta. Un gobierno que cuente la verdad sobre lo que ocurrió con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que restaure el daño causado a las afectadas y que repare la memoria de las que ya no están y fueron víctimas de tan criminal negligencia. Se lo debemos.

Estamos a tiempo de revertir la situación y hay recursos para hacerlo. Vamos a ello. Por la sanidad pública. Por Andalucía.