¿El principio del fin del Algarrobico?
Se trata de un establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones a pie de playa, cuya construcción fue paralizada de manera cautelar por orden judicial hace ocho años cuando se encontraba a más de un 90% de ejecución y a dos meses vista de abrir sus puertas al público en el paraje El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebra una audiencia pública este martes para dirimir si la licencia municipal de obras que permitió la construcción del hotel propiedad de la empresa ‘Azata del Sol’ es nula o ajustada a derecho. Los primeros testigos están citados a partir de las once de la mañana. Podría significar el comienzo del fin de El Algarrobico.
La citada empresa adquirió los terrenos en 1999. En el contrato de compraventa consta que las fincas objeto de la escritura no estaban enclavadas en el parque natural Cabo de Gata, no existiendo limitación urbanística alguna que impidiese el desarrollo del planeamiento y del plan parcial. El proyecto fue aprobado en julio de 2001 por el Ayuntamiento de Carboneras. La paralización de la obra, que se quería convertir en islote de alta calidad hotelera con clima y aguas privilegiadas, ha provocado desde entonces una fractura en la opinión pública almeriense, entre los partidarios de su apertura y quienes exigen su derribo.
El actual alcalde, Salvador Hernández (Gicar), recuerda que las decisiones se adoptaron bajo mandato del ex regidor del PSOE Cristóbal Fernández, durante un pleno celebrado en agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra, y considera que el menor daño que se haría actualmente a la sociedad y los ciudadanos sería abrir el hotel. “Es una barbaridad que la Junta de Andalucía haya subvencionado la construcción de este hotel y ahora quiera demolerlo. Donde dijo digo, digo Diego. Lleva más de siete años paralizado sin producir nada, nada más que daño a la imagen de Andalucía y del pueblo, por la inseguridad jurídica creada. Este culebrón forma parte del pasado socialista”, denunciaba.
Y hay quien no descarta que jamás se derribe porque, teniendo en cuenta la vigente Ley de Costas aprobada por el PP, El Algarrobico se podría legalizar parcialmente. Según Greenpeace, con la nueva Ley se dejaría en manos del Ayuntamiento de Carboneras la legalización de las 14 primeras plantas, ya que reduce de las zonas no clasificadas como urbanas pero con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, por lo que el Algarrobico “entraría en esta disposición de la nueva Ley”, puesto que invade la servidumbre de protección de en una zona no urbana, como se ha encargado de reiterar el Tribunal Supremo en sentencia de 2012.
Reducción de servidumbre
Además, el proyecto hace posible que se reduzca de la servidumbre de protección cuando el sector esté edificado en un tercio de su superficie, como ocurre también con este sector del Parque Natural de Cabo de Gata - Níjar. Con la nueva norma, la Administración con competencia para informar si determinadas zonas cumplen estos requisitos es la municipal, por lo que Greenpeace “no tiene la menor duda de que el Ayuntamiento de Carboneras informará favorablemente para que se reduzca la servidumbre de protección en el Algarrobico”.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, dijo que espera contratar una gran empresa que utilice explosivos para derribar el Algarrobico. Sin embargo, lamenta que con la nueva Ley se dejaría en manos del Ayuntamiento la decisión de legalizar las 14 primeras plantas del hotel. “Desde Greenpeace nos preguntamos qué Ley va a aplicar el ministro Cañete, la Ley de 1988 o esta nueva que amnistía de franja costera”, concluía.
El ex alcalde socialista Cristóbal Fernández, a quien los grupos ecologistas tachan despectivamente de ser “el padre de la criatura”, declaró ante la justicia almeriense que el acuerdo de pleno por el que se mantuvo la calificación de urbanizable se adoptó con “todos los informes sectoriales en sentido favorable” y contó con la aprobación definitiva por parte de la Junta.
La demolición
En diciembre de 2012 el Parlamento de Andalucía solicitó que Gobierno y Junta de Andalucía iniciasen los trámites para la demolición del hotel. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, manifestaba que “cuando haya seguridad jurídica, la Junta podrá ejercer lo que viene defendiendo desde 2006, es decir, que la iniciativa es medioambientalmente insostenible y administrativamente inviable”.
El pasado verano el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que demoler el polémico hotel costaría un total de 7,32 millones de euros, que se pagarían al 50 % con la Junta de Andalucía, en el momento en que la última de las sentencias despejara “claramente que ya no hay ningún obstáculo para proceder a la demolición del mismo. El Algarrobico es un ejemplo claro de una comunidad autónoma y un municipio que actúan contra la Ley de Costas, sin que existiera ningún mecanismo para que el Gobierno o el Estado garantizara su competencia de protección del dominio público marítimo”, manifestó.
El magistrado almeriense Jesús Rivera sentenciaba que la Junta había realizado “una burda maniobra” de manipulación de planos para permitir la obra en terrenos de especial protección. En aquel fallo señaló como “incontestable” que la obra se ubicaba de “forma clamorosa” en “espacio protegido” y “no era urbanizable” pese a lo sostenido por la consejería andaluza de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, “no incompatible con el uso urbanístico”.
Por su parte, la promotora del hotel elevó tres recursos ante el Estado, Junta y Ayuntamiento en los que reclamaba una indemnización conjunta y solidaria de 70 millones de euros para resarcir los daños y perjuicios derivados de lo que consideraba un “anormal funcionamiento” de la administración según la tasación realizada por la sociedad Tinsa, de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta el daño moral, material y el descrédito empresarial a la mercantil.
