El Gobierno andaluz se embarca en plena precampaña en una estrategia para “defender” los toros y ganar más público
“Es casi una obligación del presidente del Gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia”, aseguró el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), desde la Maestranza de Sevilla, a la que acudió a la corrida del Domingo de Resurrección. “Andalucía es taurina y su Gobierno, también”, le secundó su mano derecha, el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz. Aquello fue el 5 de abril, y diez días después el Ejecutivo iniciaba la tramitación de la que será la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia, que se fija un horizonte hasta 2030. ¿El objetivo? Pues entre otros, “defender” los toros, “reforzar” su reconocimiento como “patrimonio cultural andaluz” y promover la “participación social”.
El paso se da en plena precampaña electoral, y con una cuestión en la que el PP pugna con Vox por ver qué partido es el más protaurino, ya que en la izquierda sólo el PSOE hace gala de apostar por los toros (sin las alharacas de la derecha, eso sí). Y el asunto no es menor en un contexto en el que la tauromaquia se mete con frecuencia en ese cajón de sastre en el que caben el mundo rural y las tradiciones, con cuestiones como la caza o las cofradías, y sobre todo cuando Moreno no hace más que marcar distancias con una ultraderecha a la que considera su principal obstáculo para repetir una mayoría absoluta a la que ahora eufemísticamente se refiere como “mayoría de estabilidad”.
El expediente que justifica la puesta en marcha de esta estrategia es una oda a los toros, con argumentos que el PP esgrime de forma recurrente y que se resumen en una frase del documento: “La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de Andalucía constituyendo una de las manifestaciones culturales más singulares, complejas y profundamente arraigadas en la identidad histórica, artística y social de nuestra tierra”. Y una vez más, se hace hincapié en su impacto económico.
“Proyectarla hacia el futuro”
El paso dado por el Ejecutivo andaluz “se considera necesario” para disponer de “un instrumento ambicioso, integral y transformador” que aspira “no sólo a proteger y conservar esta tradición”, sino a sentar unas bases sólidas para perpetuarla. De esta manera, se busca “proyectarla hacia el futuro con criterios de sostenibilidad, innovación, participación y excelencia”, para que así Andalucía esté “en la vanguardia del reconocimiento, la profesionalización y la modernización de la tauromaquia como patrimonio vivo”.
El propio documento establece cinco pilares como objetivos fundamentales, entre ellos “reforzar el reconocimiento institucional de la tauromaquia como patrimonio cultural andaluz” e “impulsar su sostenibilidad económica y profesional”. Junto a ello, fomentar la formación “y el relevo generacional”, una cuestión que preocupa especialmente en un sector que no deja de buscar fórmulas para impulsar una cantera de aficionados que garantice su futuro.
De hecho, hace ahora un año la Junta desestimaba una propuesta de Por Andalucía para prohibir el acceso de menores a los espectáculos taurinos. El Consejo de Gobierno tumbó la iniciativa, que consistía en una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con argumentos como que los niños adquieren en los toros “conciencia ecológica y de empatía” con los animales.
A esto se une la intención de garantizar la seguridad y “calidad” de los espectáculos taurinos. Las prioridades incluyen “promover la igualdad”, la innovación y otra de las grandes obsesiones del mundo taurino, la “participación social”, en un intento de atraer a más público a las corridas. En definitiva, reforzar todo lo que sea “promoción y defensa” de la tauromaquia.
“Signo de identidad colectiva”
En el argumentario, se esgrime que los toros forman parte del patrimonio histórico y cultural de Andalucía, constituyendo “una de las manifestaciones culturales más singulares, complejas y profundamente arraigadas en la identidad histórica, artística y social de nuestra tierra”. Se llega a defender que “su dimensión trasciende el espectáculo público” para convertirse en un “fenómeno cultural integral” que engloba tradiciones populares, oficios artesanales, “expresiones estéticas”, prácticas ganaderas “y vínculos intergeneracionales que han configurado durante siglos el paisaje humano y natural de nuestra tierra”.
“Todo esto es signo de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos”, defiende el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que insiste una y otra vez en la “importancia” de la tauromaquia y “su arraigo en la sociedad andaluza”. Por ello, desde que llegó a San Telmo en 2019, “se ha desplegado una estrategia sostenida y coherente” para proteger esta práctica.
Otra de las fortalezas que se esgrime es que “es un sector que genera riqueza y una gran cantidad de puestos de trabajo de forma directa e indirecta”. Según el último cálculo hecho por el propio Ejecutivo andaluz, aporta el 0,375% del PIB andaluz gracias a un impacto económico indirecto de más 45 millones de euros al año, con más de 3.100 personas que se vinculan de forma directa a los festejos taurinos.
La Junta presume de que, con Moreno al frente, ha impulsado una acción de apoyo claro a los toros. Esto se ha traducido en “iniciativas normativas, administrativas y de fomento que han generado impactos positivos en el sector taurino”, además de multiplicar las retransmisiones de novilladas y corridas de toros. Sin ir más lejos, en la reciente Feria de Abril ha emitido en directo seis festejos (el doble que el año pasado), además de la cita del Domingo de Resurrección por primera vez en su historia. “Canal Sur es la mejor ventana de difusión y promoción de la tauromaquia”, presumió el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz.