Granada tiene un problema con la limpieza de sus calles y con sus contenedores de reciclaje y basura. Así lo dejan claro las estampas que cualquiera puede ver si pasea por la ciudad. Aunque la situación es diferente dependiendo de los barrios, lo cierto es que es fácil ver suciedad en aceras y contenedores a rebosar. Un problema que no es nuevo y que en los últimos meses se ha encontrado con un revés que lo empeora: el Ayuntamiento de Granada, gobernado por la coalición Ciudadanos-PP, ha recortado el presupuesto destinado al servicio de limpieza municipal.
Inagra, la empresa público-privada que gestiona la recogida de residuos y el mantenimiento de las calles de la capital granadina, ha sufrido un recorte presupuestario de dos millones de euros de su canon anual. Este tijeretazo se ha producido durante la pandemia del Covid-19 y aprovechándose precisamente de ella. Porque de acuerdo con un documento de Inagra en el que se especifica el recorte, y al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, este se ha producido por una disminución de la demanda derivada del confinamiento y por el hecho de que no se hayan producido grandes eventos como la Semana Santa o la Feria del Corpus.
Algo que no solo está notando la ciudad por la suciedad que se ve, sino sobre todo los trabajadores de Inagra que llevan años acumulando quejas por la falta de material y de personal para hacer bien su trabajo. Son alrededor de 600 empleados y a pesar de ello, aseguran que no son suficientes para cubrir las necesidades de Granada. “Algunos compañeros tienen que limpiar en varios distritos y no pueden más”, explica Martín Ángel Ruiz, empleado y miembro del comité de empresa de Inagra por UGT.
Toda esta situación tiene lugar en un momento clave para la empresa en su relación con el Ayuntamiento de Granada. Inagra se encuentra a punto de extinguir su contrato con el Consistorio local si el próximo 31 de diciembre no se renueva el servicio. Una cuestión importante no solo porque deja la limpieza de la ciudad en una situación comprometida, sino porque el contrato que existe con Ferrovial, la entidad que posee el 80% de las acciones de Inagra, supone un desembolso muy elevado cada año: más de 40 millones de euros de las arcas municipales. Sobre ese asunto, Podemos-IU denuncia que se trata de la “tercera licitación más cara a nivel nacional”.
Un contexto diferente
El servicio de limpieza municipal de Granada ha acumulado problemas prácticamente desde que se firmó el primer contrato con Inagra en 1985. La gestión de los residuos ha pasado por etapas en las que han tenido lugar huelgas de limpieza que han llenado la ciudad de basuras y los recortes en los servicios se han ido sucediendo, con amenazas de ERE incluidos, mientras el canon anual que el Ayuntamiento tiene que pagar no ha dejado de crecer desde la última renovación del servicio en 2007.
Mientras el canon que el Consistorio ha venido pagando a Inagra no ha dejado de crecer, la deuda contraída con la entidad tampoco. Porque desde 2010 se arrastran números rojos que rondan los 30 millones de euros y que han obligado al Ayuntamiento a llevar a cabo modificaciones presupuestarias que complican que el contrato con la empresa de limpieza se extinga cuando acabe este año por el dinero que aún se debe. Pero estos problemas heredaros se han encontrado con la inesperada pandemia de Covid-19 que ha trastocado todos los planes.
Durante el confinamiento, al que obligó el estado de alarma decretado a mediados de marzo, el servicio de limpieza disminuyó su trabajo. Por razones evidentes, la demanda cayó al haber menos personas en la calle y la propia empresa decidió apartar temporalmente a aquellos trabajadores que tuviesen más riesgo de contraer la Covid-19 o que tuviesen síntomas. Esa circunstancia la aprovechó el Ayuntamiento para recortar la partida asignada para este año. Una reducción presupuestaria que hace que “la limpieza haya empeorado porque la mayor parte del recorte se ha producido en la partida destinada a los servicios”, según denuncia Miguel Ángel Fernández Madrid, concejal del PSOE y exconcejal de Medio Ambiente con los socialistas.
De acuerdo con las cifras que se manejan, el tijeretazo se ha producido entre los 1,5 y los 2 millones de euros. “Nos tememos que se ha recortado en el personal temporal y fijos discontinuos que completan la plantilla los fines de semana y cuando hace falta”, asegura Fernández Madrid. Algo que confirman los propios trabajadores que relatan que necesitan personal y que ni siquiera se están respetando sus vacaciones. “A algunos compañeros les obligaron a cogérselas durante el estado de alarma, cuando las tenemos asignadas de junio a septiembre”, denuncia Martín Ángel Ruiz.
Indignación
“Nos falta material para trabajar y la empresa ha tenido que alquilar maquinaria para poder limpiar en algunos puntos de la ciudad”, confirma el trabajador y miembro del comité de empresa. “Llegamos hasta donde podemos porque seguimos las instrucciones de Sanidad que por ejemplo prohíbe la limpieza con escobas en seco”. Al mismo tiempo, los empleados de Inagra están cansados de que se les culpe de la falta de limpieza de la ciudad. Recientemente el alcalde, Luis Salvador (CS), ha asegurado que la suciedad se ha producido porque 300 de los 600 trabajadores se dieron de baja durante el confinamiento.
Unas palabras que han provocado la indignación de los trabajadores y que les ha llevado a escribir una carta firmada por todo el comité de empresa negando ese extremo: “Los trabajadores de Inagra realizamos nuestro trabajo con la máxima eficiencia y dedicación, a veces con la incertidumbre, y porque no decirlo, con el temor a contagiarnos y a contagiar a nuestras familias”. “Nadie se ha dado de baja voluntaria”, recalca Martín Ángel Ruiz.
Los trabajadores de Inagra también muestran su enfado por la falta de transparencia del Ayuntamiento de Granada. Desde que este equipo de Gobierno llegó a la Alcaldía de la ciudad, aún no se han reunido con ellos. “Llevamos un año y medio pidiendo vernos con el alcalde”, denuncian los trabajadores. Mientras tanto, este medio ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la concejal de Medio Ambiente, Pepa Rubia (PP), para que pueda explicar en qué ha consistido el recorte de presupuesto y por qué se ha producido. Su gabinete de prensa ha declinado la invitación.