La imputación por agresión sexual fuerza la salida de Gustavo Fuentes del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide
Gustavo Fuentes ha dejado de formar parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), después de que elDiario.es revelara que está siendo investigado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), de la que era director general hasta este miércoles.
Según han confirmado fuentes de la UPO, apenas unas horas después de conocer la noticia de la imputación de Fuentes publicada el martes, el presidente del Consejo Social se puso en contacto con él para abordar el caso. Fue durante esa misma conversación cuando el ya exconsejero presentó su renuncia con el objetivo de no perjudicar la imagen de la institución académica ni la del propio órgano de representación universitaria, apuntan las mismas fuentes.
Desde ese momento, Fuentes dejó de pertenecer al Consejo Social de la UPO, donde ocupaba una vocalía por designación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según explica a este periódico el rector de la UPO, Francisco Oliva. El ya exdirector de ADM era una de las últimas incorporaciones al órgano de gobierno universitario, anunciada el pasado mes de febrero como una “figura destacada en el impulso de la industria creativa y digital”, por su peso en el sector audiovisual andaluz como CEO de la principal productora de Canal Sur, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta.
Oliva asegura que la Universidad tuvo conocimiento de los hechos a través de la información publicada por este periódico y que actuó con “diligencia” y “toda celeridad” para “preservar la honorabilidad del Consejo Social”. A raíz de esa llamada, Fuentes presentó su dimisión y dejó de estar vinculado a la institución universitaria, que ya ha eliminado su nombre de la página web.
El Consejo Social es un órgano de gobierno y representación universitaria que canaliza la participación de la sociedad en la gestión de la universidad. Entre sus funciones, figura fortalecer la relación de la institución académica con su entorno económico, profesional y social. Sus miembros son designados por distintas instituciones, entre ellas el Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y las entidades sociales y empresariales.
En el caso de Fuentes, su nombramiento como vocal fue designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz (a través de la empresa pública Sandetel) es el accionista mayoritario de ADM, cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). Es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur: Andalucía Directo.
La salida de la UPO se produjo el mismo día en que Fuentes también dejó de ejercer las funciones de presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Coincide, además, con su relevo al frente de ADM, consumado este miércoles.
Apartado de los principales cargos que ostentaba
La compañía nombró este miércoles nuevo director general al hasta ahora director financiero, Óscar González-Barba, persona de la estrecha confianza de Fuentes. El relevo se produjo tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de ADM celebrada la noche anterior, en la que se acordó la “suspensión temporal de funciones” del directivo, aunque sin ejecutar su cese definitivo.
A la mañana siguiente se celebró la primera reunión de la nueva directiva con los trabajadores, haciendo aflorar el enfado y la “indignación” de la plantilla y de algunos directivos, que cuestionaron la gestión de la crisis por parte del Consejo de Administración, donde la Junta de Andalucía tiene una posición determinante a través de la empresa pública de Telecomunicaciones Sandetel.
Según fuentes internas, algunos directivos ya conocían desde abril, por el propio Fuentes, que un juez le había citado a declarar como imputado el 11 de mayo (aunque la declaración finalmente se aplazó al próximo 25 de junio). En su comunicado nocturno, el Consejo de Administración de ADM sostiene que sabían de la situación procesal de su principal directivo “desde el pasado 7 de mayo”, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.
La denuncia de la reportera contra el CEO de la compañía es de enero, el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la víctima el 25 de marzo y, al instante, imputó a Fuentes por delitos de agresión y acoso sexual. El juez le notificó su imputación el 31 de marzo.
El hasta ahora vocal del Consejo Social de la UPO y director general de ADM niega las acusaciones. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, declaró a este periódico antes de ser apartado de todos los órganos en los que ostentaba algún cargo.
Con su salida del Consejo Social de la UPO, su relevo de la presidencia de LAND y de la dirección de ADM, Fuentes ha dejado de ocupar los principales cargos institucionales y de representación que ejercía hasta ahora en el sector audiovisual andaluz, mientras permanece abierta la investigación judicial en su contra.
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