La Junta de Andalucía ha presentado 22 alegaciones al proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana “escuche a las comunidades autónomas y dote de las herramientas necesarias para afrontar los retos actuales en materia de vivienda”, según ha indicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.
Estas alegaciones, según explica la Consejería en una nota, proponen evitar “líneas intervencionistas” que invadan competencias autonómicas y un modelo de cofinanciación más flexible y equitativo. El Gobierno andaluz incide en “la necesidad de que se diseñe un plan que ofrezca una oferta de vivienda protegida adecuada a la demanda” y cree que el plan del Gobierno central excesivamente intervencionista, con tal grado de concreción e imposición que priva de todo margen de desarrollo de una política propia a Andalucía.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno tiene ahora mismo en cartera un proyecto de ley de vivienda que quiere acelerar antes de las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026, y cuyo contenido podría chocar con el plan estatal. El objetivo del Gobierno andaluz es empezar ya la tramitación parlamentaria de su ley ante la posibilidad de un adelanto electoral que Moreno ha vinculado a su vez a un posible adelanto de las elecciones generales. No obstante, parte de las medidas recogidas en este proyecto de ley se aprobaron ya el pasado mes de marzo vía decreto-ley. Es el caso del plan de choque que aspira a construir 20.000 nuevos pisos protegidos.
El Estado, se argumenta en el texto enviado al Ministerio, consultado por Europa Press, debe respetar las competencias autonómicas y su no cumplimiento podría incurrir en una posible vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional. Igualmente, se ha cuestionado el nuevo sistema de cofinanciación, que no sólo aumenta en porcentaje, sino que lo hace con criterios más rígidos que el de anteriores planes.
La Junta de Andalucía ya recurrió la ley estatal de vivienda de 2023 ante el Tribunal Constitucional, que avaló la mayor parte del articulado pero no la regulación de la vivienda protegida, que invadía competencias autonómicas.
La consejera ha asegurado que el Gobierno andaluz está dispuesto a aportar más fondos propios para hacer frente al reto de la vivienda, pero no sin consenso previo. En ese sentido, ha solicitado revertir el 40% de cofinanciación obligatoria y volver a un modelo flexible y complementario, acorde a la capacidad financiera de cada comunidad autónoma.
La titular de Fomento ha mostrado la “predisposición de la Junta de Andalucía para la negociación y el diálogo”. El Plan Estatal está ahora mismo en fase de información pública, pero la consejera ha lamentado que se haya abierto “sin debate previo con las comunidades autónomas, que cofinancian el plan y son las competentes en materia de vivienda”. “El éxito del plan dependerá de la capacidad del Ministerio de colaborar con el resto de las administraciones”, ha remarcado.
La Consejería también ha pedido, al igual que se trasladó en Conferencia Sectorial, la inclusión de una cláusula transitoria que evite la paralización de programas que se llevan a cabo con el plan vigente. Además, ha planteado la inclusión de líneas de ayudas para la urbanización de suelos para poner en carga más parcelas para la promoción de vivienda protegida y que quede recogido de forma explícita la continuidad de las subvenciones para rehabilitación energética con cargo a los fondos europeos Next Generation. Por último, Andalucía ha remitido otras alegaciones más técnicas, centradas en solicitar más concreción en las líneas de financiación de ayudas.
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