La Justicia condena 15 años después los amaños del puerto de Benalmádena destapados en el comedor social
En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.
Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.
El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.
14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.
La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.
Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”
La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.
Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.
Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.
La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.
La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.
Licitaciones sin pliegos
Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.
Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.
El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.
Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.
“No culpable” por las cuentas del comedor social
El caso discurrió en paralelo a las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. De ese juicio Salido ha sido exonerado, según informó Sur: un jurado popular le declaró “no culpable” de malversación e infidelidad en custodia de documento público. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento han recurrido, según fuentes próximas al procedimiento.
Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.
Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).