Obligar a los bancos a pagar un impuesto por los depósitos de sus clientes parecía una buena idea para aumentar los ingresos de las comunidades autónomas en tiempos de vacas flacas. Así, Extremadura fue la primera en aplicarlo, y luego le siguieron Canarias y Andalucía. Pero al Gobierno central no le gustó la idea por aquello de que no hubiera diferencias entre unas autonomías y otras, así que recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Éste, hace un año, falló a favor de las comunidades autónomas. De ahí que este año Andalucía, en sus presupuestos para el 2014, prevea un importante aumento de sus ingresos por impuestos autonómicos. La Junta espera ingresar 162 millones de euros por los depósitos bancarios, que equivalen a más de la mitad del total que espera cobrar por impuestos propios.
Sin embargo, aún no está claro si ello será posible. Cuando Cristóbal Montoro se enteró de la sentencia del Tribunal Constitucional que le quitaba la razón, lejos de tirar la toalla decidió cambiar de estrategia. Anunció que sería el Estado el que establecería ese impuesto en todo el país dejando así sin validez los impuestos autonómicos. Y para más inri, aseguró que fijaría un tipo del 0%. En otras palabras, el impuesto existiría, pero en la práctica no generaría pago alguno por parte de las entidades bancarias.
Pero ha pasado un año y Montoro sigue sin cumplir su promesa. Así que la Junta de Andalucía lo ha incluido en sus presupuestos para el año que viene. Y hoy, el ministro de Hacienda ha declarado que la regulación del impuesto a los depósitos bancarios se incluirá en la reforma fiscal que el Gobierno espera implantar a principios de año. Y explicó que ya no será un tipo del 0%, sino que habrá una horquilla dentro de la cual podrá escoger cada comunidad autónoma.