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El PSOE de Bormujos, como denunciante del proceso judicial contra la exalcaldesa Ana Hermoso (PP) por encubrir supuestamente la paga extra suprimida por Rajoy en 2012, defiende que “siempre” se ha opuesto a que el asunto derive en la obligación de que los empleados devuelvan el dinero de las productividades tras detectarse que los trabajadores recibieron un “doble ingreso” una vez revertida aquella eliminación.
A tal efecto, el PSOE esgrime unas declaraciones públicas en ese sentido del socialista Francisco Molina cuando era alcalde del municipio, periodo en el que el abogado contratado por el Ayuntamiento para ejercer la acusación particular en el asunto “tenía instrucciones para defender exactamente esa tesis y pedir responsabilidades exclusivamente a la por entonces alcaldesa del PP”. Señalando que el actual Gobierno local de PP y Vox ha optado por contratar a un nuevo abogado para este asunto, el PSOE ha mostrado su deseo de que el Ayuntamiento “mantenga la misma postura” en el proceso judicial.
La Fiscalía reclama para Ana Hermoso cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación, así como cuatro años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y la obligación de indemnizar con 169.678 euros al Consistorio “por la cantidad destinada a la productividad no justificada”.
La defensa de la exalcaldesa, ejercida por el abogado Manuel Pérez Peña, niega de su lado que tales productividades fuesen una paga extraordinaria “encubierta”, destacando que en sus comparecencias judiciales, los funcionarios habilitados nacionales que en aquellos momentos estaban al frente de la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento de Bormujos avalaron los pagos porque los reparos formales presentados a los mismos eran levantados por el pleno, con el voto a favor de tal extremo de todos los ediles, incluso los del PSOE.