“Ineficiencia” en la gestión por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), “errores informáticos” en la web del Distrito Único Andaluz y “dejadez” a la hora de firmar convenios. “Son todo trabas”, resume Manuel Freire, coordinador del Máster en Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología de la Universidad de Sevilla, que acaba de incorporarse al mapa de titulaciones del sistema universitario andaluz.
Este máster es uno de los 85 nuevos títulos universitarios autorizados por la Junta de Andalucía para el curso 2025-2026 (52 en universidades públicas y 33 en privadas), después de 15 años con la oferta académica congelada. Sin embargo, la esperada actualización del mapa universitario ha estado marcada por las críticas de las universidades públicas, que denuncian el rechazo “arbitrario” de algunas propuestas y alertan de los “obstáculos” administrativos que han sufrido, incluso en los títulos aprobados.
El máster de Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología es uno de los ejemplos: una titulación “estratégica” para la universidad, muy demandada por los estudiantes, que ha tenido que superar múltiples trabas burocráticas y, antes de iniciarse el curso, aún enfrentaba algunos flecos sueltos. Este caso, según sus responsables, refleja un patrón que se ha repetido en otras instituciones públicas del sistema universitario andaluz: “Hay infinidad de dificultades para el procedimiento ordinario de las universidades públicas”.
Freire, catedrático de Electrónica y Electromagnetismo, comenzó en septiembre de 2021 a redactar la propuesta de un máster destinado a formar al estudiantado en tecnologías que nacen de la Física y que se aplican en áreas de la medicina, como la radiofísica, el radiodiagnóstico, la neurociencia y la electromedicina. Al curso siguiente, presentó la propuesta ante el vicerrectorado de Ordenación Académica, pero le comunicaron que la Junta no contemplaba en ese momento ampliar el mapa de titulaciones.
El Ejecutivo andaluz cambió de opinión en 2023, abriéndose a aprobar títulos nuevos. Entonces, los académicos se embarcaron en un proceso que implicaba redactar numerosos informes, a lo largo de varias etapas, que debían pasar el filtro de la universidad en cuestión, de la Consejería del ramo y, finalmente, de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), entidad encargada de evaluar y autorizar en última instancia las titulaciones universitarias.
La Consejería de Universidad emitió autorización previa en septiembre de 2024. En febrero de 2025, el coordinador del máster recibió el informe favorable provisional de la ACCUA. Pero el visto bueno definitivo llegó “tarde”, después de concluir incluso el proceso de preinscripción, celebrado entre el 2 y el 11 de junio. Freire recuerda la “incertidumbre” que ese desfase provocó entre el alumnado, al no disponer del listado de titulaciones definitivo: “Durante el plazo de entrega de solicitudes, recibimos decenas de correos electrónicos preguntando si el máster iba a impartirse finalmente”, pues en la web del Distrito Único Andaluz aparecía con un asterisco que advertía estar “pendiente de aprobación”.
El informe definitivo de la ACCUA se comunicó el 25 de junio, dos semanas después del cierre del proceso de solicitud y a escasos días del inicio del proceso de matrícula universitaria (fijado para el 9 de julio). En otros grados y másteres, la resolución de la ACCUA fue negativa y los estudiantes que habían solicitado esos títulos tuvieron que ser reubicados temporalmente en su segunda opción de preferencia. Eso es lo que pasó con los 800 estudiantes que ya habían formalizado su preinscripción en el controvertido Grado en Ingeniería Biomédica, que iban a impartir en conjunto las universidades de Jaén (UJA) y Granada (UGR).
Una vez aprobado definitivamente, el máster ha seguido tropezando con piedras por el camino. Tras publicarse la primera adjudicación de plazas, el 7 de julio, la Consejería reconoció que se había producido un “error material en la puntuación” de algunos solicitantes. Como consecuencia, tuvo que ampliarse el plazo de matriculación, a fin de que la totalidad de los solicitantes conociesen “con anterioridad” la nota y el puesto que ocupaban en el listado de manera “definitiva”.
El problema es que, días más tarde, cuando los mejores expedientes ya se habían matriculado, se produjo otro error informático que provocó que “esas primeras matrículas desaparecieran del sistema”, como recuerda Freire. “Entonces, se nos consulta a los coordinadores de máster qué hacer, porque a los que se matricularon una vez resuelto el error informático no los podíamos expulsar, pero tampoco podíamos dejar fuera a los que se habían matriculado antes –que eran los mejores expedientes– y ya no figuraban en el sistema”, explica el coordinador del máster.
Finalmente, optaron por aceptar todas las peticiones, arriesgándose a tener más de 30 alumnos, que es el límite establecido en la memoria de este máster de nueva creación. “Si permitimos que se matriculen más de 30 alumnos, luego tendremos que justificarlo ante ACCUA con un informe, porque vamos a dar clases a más alumnos de los que figura que podemos atender con los recursos que tenemos, así que vamos a hacer un esfuerzo por causas ajenas a nuestra voluntad, porque consideramos que es lo menos gravoso para los alumnos”, cuenta el catedrático de Electrónica y Electromagnetismo.
“La gestión está siendo toda un desastre, no digo que sea intencionado, pero llama la atención que hay infinidad de dificultades para el procedimiento ordinario de las universidades públicas”, concluye Freire al recordar el proceso. El último escollo en el camino se lo han encontrado con el tema de las prácticas. “Cuando ya está todo, nos encontramos con que los alumnos no tienen permitido hacer prácticas en los hospitales públicos”, como estaba contemplado en la memoria que han validado la Consejería y la ACCUA.
Se da la circunstancia de que el máster cuenta con una “asignatura estrella” que brinda a los alumnos la posibilidad de hacer prácticas de tratamientos de radioterapia contra el cáncer o diagnósticos de imagen médica en los hospitales públicos de la ciudad de Sevilla, junto a profesionales de los servicios de radioterapia. Sin embargo, a pesar de que el curso arranca en octubre, los estudiantes aún no tienen permiso para entrar en estos centros sanitarios.
Al tratarse de una titulación que no es estrictamente de naturaleza sanitaria, para realizar las prácticas se precisa de la firma de un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y todas las universidades públicas andaluzas. “Entendíamos que no iba a haber ningún inconveniente, pero nos hemos encontrado ahora con que parece que la Junta de Andalucía no tiene prisa por firmar ese convenio, cuando el curso empieza en octubre”, lamenta el coordinador de la titulación. De momento, solo le han dado la opción de gestionar visitas puntuales, “lo cual es inviable para plantear unas prácticas semana tras semana”.
“Nos sentimos atados de manos, no podemos hacer nada, a expensas de que la Consejería tome interés por esta cuestión, pero esto ha conllevado una incertidumbre tremenda a unas semanas del inicio del curso”, lamenta el coordinador de este nuevo estudio de posgrado.
El máster de Tecnologías Físicas para la Medicina y la Biología ha recibido 90 solicitudes para las 30 plazas ofertadas, una demanda de tres alumnos por plaza, lo que confirma el alto interés en titulaciones de este perfil, especialmente tras la pandemia, que ha despertado vocaciones en el ámbito de la tecnología aplicada a la salud, como asevera Manuel Freire.
“Por parte de la universidad hemos cumplido todos los plazos, siempre respondimos en tiempo y forma a los trámites, pero por parte de la Junta ha sido todo lo contrario”, lamentan los responsables del máster, remarcando que “todo se ha hecho tarde y mal”.
Además del caso del máster sevillano, otras universidades públicas denuncian agravios comparativos con universidades privadas. Uno de los ejemplos más controvertidos ha sido la aprobación del Grado en Ingeniería Biomédica para la Universidad Loyola (privada), mientras se rechazaba el proyecto conjunto presentado por las universidades públicas de Jaén y Granada, o el rechazo del grado de Inteligencia Artificial a la Universidad de Granada.
Fuentes de la Consejería de Universidad consultadas por este periódico aseguran que la aprobación del máster coordinado por Manuel Freire ha seguido el procedimiento establecido, dentro del plazo que marca el decreto nacional. “No nos hemos excedido”, aseguran. Además, desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos indican que dicho procedimiento es “exactamente el mismo” para las públicas que para las privadas, “a las que se les exige igualmente el convenio de prácticas”.
Aun así, fuentes universitarias insisten en que “lo que ha pasado no es normal”. “Hay muchas dificultades añadidas al procedimiento ordinario de las universidades públicas, y eso tiene consecuencias directas para el alumnado y para el sistema universitario andaluz en su conjunto”, advierten fuentes universitarias, tras concluir el primer proceso de aprobación de nuevas titulaciones en década y media.
A través de nuestra cuenta de Instagram, trasladamos lo que ocurre en Andalucía más allá de las palabras: te informamos de las últimas noticias de manera visual y te ofrecemos contenido extra para que conozcas la realidad al detalle.
Súmate a nuestra comunidad en este enlace.