Dos decretos para avanzar en el derecho a una vivienda digna

Las medidas que ha aprobado el Gobierno de coalición en materia de vivienda este martes y que hoy aparecen ya reflejadas en el BOE son un paso importante. No surgen de la nada. Son el resultado de años de organización social y también de años de trabajo institucional para abrir camino a nuevos derechos. Son medidas que pueden mejorar de forma muy concreta la vida de millones de personas que viven de alquiler y que llevan demasiado tiempo soportando incertidumbre y abuso.

En Sumar sabemos que aún queda mucho por hacer. Por eso no podemos perder de vista que los dos Reales Decretos que se votarán el próximo viernes suponen un avance significativo. Por un lado, el acuerdo para la renovación automática de los alquileres, es una herramienta básica para evitar que cada vez que a alguien se le acabe el contrato, esto no se convierta en una amenaza de expulsión o en una ocasión para imponer una subida abusiva de precios. Por otro, una propuesta que permite la congelación de los precios y la prórroga reforzada e inmediata de dos años para los contratos que acaben antes de 2029, o la prohibición de los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. 

Son medidas básicas que están en las reivindicaciones de las personas que hoy ocupan las plazas de nuestro país y que, además, al contrario de lo que comienzan a insinuar con el único objetivo de entorpecer la negociación algunos grupos, ofrecen certidumbres tanto a inquilinos como a propietarios.

Por eso espero que el viernes los grupos parlamentarios estén a la altura. Porque hablamos de proteger hogares, de dar estabilidad a las familias y de reforzar derechos que mucha gente lleva años reclamando. Y, sobre todo, espero que sepamos interpretar correctamente el mensaje que nos llega desde las plazas.

No es un mensaje de resignación. Es una exigencia de seguir avanzando.

Estos días he pensado mucho en dos lugares que conozco bien: las plazas y el Congreso.

He visto a miles de personas movilizarse por el derecho a la vivienda. He visto a una generación que se niega a aceptar que compartir piso hasta los cuarenta, encadenar alquileres imposibles o abandonar su ciudad sea algo normal.

He visto también, aquí en Aragón, a vecinas y vecinos organizándose para impedir desahucios y acompañar a familias que atravesaban momentos de enorme angustia.

Y lo primero que siento es agradecimiento. Agradecimiento a quienes llevan años sosteniendo esta lucha. Al Sindicato de Inquilinas. A los colectivos vecinales. A quienes acompañan a una familia cuando recibe una orden de desahucio. A quienes han llenado las calles y las plazas para recordarnos que la vivienda no puede seguir siendo el principal factor de desigualdad de nuestro país.

Se ha escrito mucho sobre la relación entre la movilización social y la política institucional. Como si fueran espacios enfrentados. Como si hubiera que elegir entre uno u otro. Yo no lo veo así.

La movilización social y la acción política son autónomas, legítimas y necesarias. Las plazas tienen su propia voz y las instituciones tenemos nuestra propia responsabilidad. También sé que los mayores avances sociales de nuestro país nunca han llegado porque alguien los concediera desde arriba. Han llegado porque hubo gente organizada empujando, señalando problemas y exigiendo soluciones.

Por eso, quienes hoy ocupamos responsabilidades públicas tenemos, sobre todo, una obligación: escuchar.

Escuchar la rabia. Escuchar la frustración. Escuchar la impaciencia de quienes sienten que trabajan, estudian y hacen todo lo acordado en el pacto social, y aun así no pueden acceder a una vivienda digna.

También he estado en las plazas, sé lo que significa sentir que es necesario levantar la voz para que te escuchen, la importancia de conversar y ordenar ideas. Y reconozco que estos días, viendo la acampada, también querría estar allí.

Porque os aseguro una cosa: ni pasar noches en una plaza defendiendo derechos y el esfuerzo de seguir trabajando, comiendo o cuidando, ni sentarse en un escaño de la Carrera de San Jerónimo, son lugares cómodos. Sin embargo, son espacios imprescindibles cuando se quiere transformar la realidad.

Espero realmente que los grupos que hoy se oponen sepan interpretar correctamente el mensaje que nos llega desde las plazas. No es un mensaje de resignación. Es una exigencia de seguir avanzando.

Y esa es también mi posición. Seguir escuchando. Seguir trabajando. Seguir construyendo derechos.

Porque sabemos que queda mucho por hacer: más vivienda pública, más alquiler asequible, más protección para las personas inquilinas y más oportunidades para que la gente joven pueda desarrollar su proyecto de vida allí donde quiere vivir.

Escuchar, porque también sabemos algo importante: cuando la sociedad se organiza y las instituciones responden, las cosas cambian. Y el cambio que estamos empezando a construir puede tener un impacto muy significativo en la vida material de la mayoría social.

El viernes toca consolidar estos avances. Y a partir del sábado, seguir trabajando con más fuerza para que el derecho a la vivienda deje de ser una aspiración y se convierta, definitivamente, en una realidad cotidiana para millones de personas