Las macrogranjas y el derecho a disfrutar del agua

El pasado 11 de julio, la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictaba una sentencia pionera en Europa en la que se condenaba a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y Limia por la mala gestión de las macrogranjas basándola -y ahí está la novedad- en la vulneración de los derechos fundamentales: “El derecho al disfrute del agua y de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas”.

La sentencia, que no es firme, pendiente de los recursos de casación ante la Sala y el Tribunal Supremo, condena a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica a pagar 30.000 euros a cada afectado y a reparar el descontrol y desastre ambiental durante décadas en la comarca orensana de La Limia, en la que hay registradas más de 300 macrogranjas (*).

Los excrementos de granjas de cerdos y pollos han contaminado durante décadas la tierra, el río, los pozos, el agua de abastecimiento público y el embalse de Las Conchas, convertido en una peligrosa cloaca para la vida por la saturación de nitratos y cianobacterias tóxicas.

La comarca de La Limia es la más saturada de nitratos procedentes de los vertidos de purines porque la Xunta permitió una concentración excesiva de macrogranjas a la que se unió una ineficaz gestión de los residuos que terminaban en lugares no controlados, por ejemplo los antibióticos y los productos químicos derivados de medicamentos para animales. Un desastre medioambiental que, en su dimensión, recuerda a los de La Manga del Mar Menor y el Parque Nacional de Doñana en los que tuvo que intervenir la Comisión Europea ante la inactividad de las administraciones españolas.

Está sentencia pionera en Europa, a expensas de los recursos de casación, va en la misma línea de la condena el pasado año a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por haberse mostrado incapaz de evitar el exceso de nitratos en aguas subterráneas y superficiales.

La sentencia citaba el caso de La Sotonera, un municipio de 900 habitantes de La Hoya de Huesca, con 14 macrogranjas porcinas (unos 45.000 cerdos de cría), en el que llevan años sin poder beber agua del grifo. Como también sucede en Chimillas y Loscorrales y sus núcleos rurales. Y no son los únicos municipios en Aragón que superan los límites de admisión de nitratos en agua de boca.

Chino chano, Aragón se ha convertido en una potencia porcina con 9,6 millones de cabezas de cerdos (7 por habitante), 5.000 empleos directos y 11.000 indirectos, concentrando el 13 por ciento del total de las exportaciones de la comunidad autónoma, evaluadas en 2.253 millones de euros. Un sector estratégico para mantener vivo el territorio en la España despoblada, que se basa en las grandes compañías/integradoras que ponen los cerdos, los piensos y los medicamentos, pero que, además del engorde, dejan en manos de los ganaderos la gestión de los residuos y de los purines. Y ahí es donde los ganaderos necesitan urgentemente el apoyo de la comunidad autónoma.

Además de sacar pecho por la vitalidad del sector, al Gobierno PP-Vox le faltó tiempo para modificar la Ley de Agricultura Familiar para eliminar la exigencia de distancias entre granjas, para quitar los topes en el número de cabezas de ganado y para dejar sin control previo la saturación de nitratos de los suelos cercanos.

¿Y el derecho fundamental a disfrutar del agua y de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas? No se puede hacer la vista gorda ni ser ventajistas cuando están en juego derechos fundamentales como el de la salud de esas familias que están manteniendo vivo el territorio en la España despoblada.

Quedarse en eliminar controles, que conecta con el populismo negacionista medioambiental, es un atajo que nos lleva al desastre como nos están advirtiendo muy seriamente la Comisión Europea y sentencias como las del Tribunal Superior de Galicia y del Tribunal de Justicia de la UE.

Lo que sí está en las manos de la comunidad autónoma es agilizar las tramitaciones de inversiones en plantas para tratar los residuos ganaderos y agroindustriales aprovechando, por ejemplo, la red de gasoductos para generar energías renovables.

Solo en plantas de biogás o biometano, que también alimentan la controversia por los olores, el consumo de agua y las afecciones en el paisaje, hay 47 en la lista de espera del Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental desde hace muchos meses. Pónganse a gestionar con la mirada puesta en los derechos fundamentales.

* Una macrogranja es una explotación ganadera intensiva de gran tamaño que concentra gran número de animales. En concreto, más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos, o 750 cerdas reproductoras, o 40.000 plazas de aves de corral, o emisiones por encima de las 100 toneladas de metano al año.