El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha ocultado este lunes en una comparecencia en las Cortes que el pacto suscrito por el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de la capital con la propiedad del Real Zaragoza ya incluía penalizaciones para el “socio privado” –el club de fútbol– si este no aportaba lo comprometido en el cronograma. Y no solo no dio los 6,8 millones que debía, sino que los responsables de ambas instituciones ocultaron durante meses que conocían este incumplimiento: en concreto, desde diciembre del año pasado hasta finales de abril.
Bermúdez de Castro ha comparecido a petición propia en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de la Cámara autonómica para “informar sobre las acciones llevadas a cabo en la sociedad Nueva Romareda, S.L”. Y su intervención ha sido reveladora. El titular de Hacienda ha desvelado que fue en diciembre cuando la propiedad del Real Zaragoza trasladó a la DGA y al Consistorio –o, más en concreto, a sus representantes en el consejo de administración, del que no forma parte la oposición– que no iba “a poder asumir la aportación de ese año”.
Sin embargo, no fue hasta el 30 de abril, en un pleno municipal, cuando el equipo de gobierno del PP comunicó esta circunstancia. En la sesión, de hecho, se dio directamente a conocer cuál sería el nuevo calendario de pagos. En él, la aportación del Real Zaragoza de 6,8 millones de euros en 2024 desaparecía, mientras que la de este año se incrementaba hasta los 10 millones.
Esto obligó a suscribir “un nuevo pacto de socios” –pacto parasocial–, que según Bermúdez de Castro “se firmó la semana pasada entre las tres partes”, en el cual figuran las nuevas aportaciones de cada socio hasta 2028.
En ese punto, el consejero de Hacienda ha querido enfatizar que el nuevo texto suscrito incluye el hecho de que, “en el caso de que uno de los tres socios no aporte el dinero, hay cláusulas de penalización” para el incumplidor. Y ha añadido que las decisiones se tomarán “con mayorías reforzadas”.
Lo que Bermúdez de Castro ha eludido es que ambas cuestiones aparecían calcadas en el pacto parasocial previo, el suscrito en diciembre de 2023 y que los propietarios de la sociedad anónima deportiva incumplieron, sin que ni Gobierno de Aragón ni Ayuntamiento de Zaragoza activaran los resortes previstos para penalizar al club.
El primer pacto parasocial era claro: en caso de que “el socio privado” –el Real Zaragoza– incumpliera con la fase 1, “se obliga irrevocablemente a transmitir la totalidad de su participación” a la sociedad. Con un añadido: “A requerimiento de esta”. Pese a que el club no transfirió los 6,8 millones comprometidos el año pasado, las dos instituciones públicas renunciaron a activar esta cláusula.
El precio de las participaciones del Real Zaragoza sería su “valor neto contable” pero “minorado en un 25%”. Teniendo en cuenta que el club ha aportado hasta ahora 6 millones de euros, el precio de recompra se quedaría en 4,5 millones, que deberían ser pagados “al contado”.
En caso de salir de la sociedad, el Real Zaragoza no resultaría beneficiario de la explotación del estadio, como así está previsto que sea durante 75 años. Un periodo en el que, según las previsiones establecidas, el club irá ingresando anualmente unos 14 millones de euros, frente al canon de entre 1,1 millones –en Segunda– y 1,6 –si sube a Primera– que debe pagar.
Unos 5 millones de euros no reclamados al Real Zaragoza
Además, el club estaba obligado a asumir una indemnización a los otros dos socios por los “daños y perjuicios” causados. Una 'multa' que el pacto fijaba en un “mínimo del 50% del valor neto contable” de las aportaciones del Real Zaragoza, más intereses de demora. Es decir, más de 3,4 millones de euros.
En conjunto, la penalización que debería asumir la sociedad anónima deportiva en caso de no pagar lo comprometido rondaría los 5 millones de euros.
Este lunes, en su intervención, el diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz ha insistido en criticar el modelo elegido. “Se nos ocurren infinidad de cuestiones en las que invertir la millonada que nos va a costar una nueva falsa experiencia de colaboración público-privada: la que pone sus recursos a disposición prioritaria del uso y disfrute por parte de una sociedad anónima que no cumple siquiera con sus compromisos”, ha expuesto. “¿Cuánto nos va a costar la juerga? ¿Puede hoy dar una cifra?”, se ha preguntado a continuación.
La misma idea ha expresado el diputado de CHA José Luis Soro, para quien “lo que representa la nueva Romareda es todo lo contrario a la transparencia, es un modelo que garantiza la opacidad y no la equidad ni el retorno social. Fue un artiulgio poítico para descargar todos los riesgos sobre lo público y blindar los beneficios del privado”.
Sobre los cambios en el pacto parasocial, ha valorad que es “un traje a medida, que se cose y se recose a beneficio del socio privado. ¿Si les vuelven a llamar, qué pasará?”, ha cuestionado también.