El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes en Zaragoza que “nunca hubo una brecha de seguridad” para las mujeres víctimas de violencia de género por “las disfunciones” de las pulseras de localización de los agresores. De visita en Zaragoza para inaugurar la nueva Comandancia de la Guardia Civil, el ministro ha alertado contra “los bulos y mentiras” en relación a las pulseras y ha aseverado que “el sistema no ha fallado en ningún momento” y los fallos de las pulseras no han dañado a “ninguna de las víctimas”.
Sí que ha reconocido “la importancia” de “las disfunciones en la transmisión de los datos” de cara a los procesos judiciales, puntualizando que “lo más relevante es que la seguridad de las mujeres no se ha visto afectada en ningún momento”, tras lo que ha considerado que “los bulos” perjudican a las mujeres víctimas de violencia de género, que sufren una “vulnerabilidad máxima” y se les hace creer que “el sistema no las protege”, lo que ha negado, afirmando: “El sistema las protege y las ha protegido en todo momento”.
Fernando Grande-Marlaska ha indicado que “ha habido una deficiencia en alguna funcionalidad”, pero “ya se ha solventado, como la propia Fiscalía ha dicho”, apuntando que desde diciembre de 2024 tampoco ha habido “ninguna disfunción” respecto a la transmisión de datos para los procesos judiciales. “Los bulos pueden generar una desconfianza hacia el sistema y eso no puede ser cuando no hay ninguna razón objetiva y más aún cuando el sistema está para proteger a las víctimas: No ha habido ningún problema en ningún momento que haya generado una falta de seguridad para ninguna de las víctimas”.
También ha señalado que “habrá que evaluar esas disfunciones para que no vuelvan a ocurrir, pero es importante dejar claro que el sistema ha protegido a las mujeres en todo momento y no se puede decir lo contrario; lo que existe se concreta, se determina, se analiza y se toman las conclusiones precisas”, tildando de “irresponsabilidad manifiesta” que se digan “bulos”. Sobre la exigencia de la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz de abrir una investigación, el ministro ha expresado que “esa evaluación ha existido desde el primer momento y habrá las conclusiones necesarias para que no vuelva a acontecer”.
Grande-Marlaska ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza, que acoge la Comandancia provincial y el Grupo de Reserva y Seguridad 2, tras una inversión de 36 millones de euros. “Es uno de los proyectos más importantes del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado iniciado en 2019”, ha señalado el ministro.
También ha recordado la apertura de la comisaría de la Policía Nacional en Calatayud, en febrero de 2024, y ha adelantado la próxima finalización de la primera fase de la nueva Jefatura Superior de Policía en el complejo de Mayandía, otro proyecto largamente esperado en la ciudad. Asimismo, ha destacado el esfuerzo en personal realizado en los últimos siete años, hasta alcanzar hoy el “máximo histórico de efectivos” en Aragón, con más de 5.300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, un 7% más que en 2018.
A la inauguración han asistido, entre otras autoridades, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro; y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
El nuevo complejo, de 52.000 metros cuadrados, ha sido diseñado bajo criterios de funcionalidad y sostenibilidad, con zonas deportivas, viviendas para agentes y espacios de atención ciudadana, como la Oficina de Atención a la Mujer y al Menor. La Comandancia de Zaragoza presta servicio en el 93,47% del territorio provincial, mientras que el Grupo de Reserva y Seguridad 2 cuenta con 200 integrantes dedicados al orden público y apoyo a otras unidades.
Pérdida de efectivos en el mundo rural
La Agrupación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado una pérdida significativa de efectivos en la provincia de Zaragoza, especialmente en el ámbito de la seguridad rural, con más de 60 agentes menos desde este 16 de septiembre. Una situación que, según el sindicato, se deja sentir con fuerza en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha expresado su rechazo a la reestructuración impulsada por el Ministerio del Interior, que conlleva la desaparición de la patrulla del Seprona en el municipio. “En los últimos años venimos viviendo el progresivo desmantelamiento de la unidad del Seprona en nuestra ciudad. Esta decisión del Ministerio supone, en la práctica, suprimir un servicio fundamental para la protección del medio ambiente en Tarazona, en el Parque Natural del Moncayo y en el conjunto de comarcas que dependen de su vigilancia”, ha lamentado. Jaray ha advertido de que actualmente solo queda un agente para cubrir miles de hectáreas, una situación que considera “insostenible” y que “provocará la desaparición completa del Seprona en la zona”.
El primer edil ha vinculado la decisión con un riesgo añadido ante el aumento de los incendios forestales que sufre el país cada año, asegurando que “contradice los esfuerzos del Gobierno de Aragón en reforzar los planes de prevención y extinción”. Por ello, ha reclamado públicamente al Ejecutivo central que se mantenga la patrulla en Tarazona y se refuercen los efectivos para garantizar la protección del Parque Natural del Moncayo, “el mayor pulmón verde de la provincia”.
Desde el Gobierno central se defiende que esta reorganización busca optimizar la capacidad operativa del Seprona mediante la redistribución de recursos. En Zaragoza, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido subrayando que en Aragón se ha incrementado en un 8% el número de guardias civiles y policías nacionales en los últimos siete años, hasta alcanzar “la mayor cifra de la historia”. Además, ha recordado que las retribuciones de los agentes se han incrementado en un 40% desde 2018.
“Es un día de satisfacción, pero con la conciencia de que tenemos mucho por hacer. El reto demográfico es una prioridad máxima del Gobierno y los servicios tienen que llegar igual a todo el territorio. Aragón es hoy una de las comunidades más seguras de España y seguiremos trabajando, escuchando especialmente a la población de las zonas más despobladas”, ha señalado el ministro, defendiendo que la redistribución de efectivos se está realizando de manera “razonable, proporcionada y adecuada”.