“Nos vamos a matar alguno más”: la alerta de un empleado de la limpieza de Zaragoza el día en que murió Fernando
“No podemos con la carga de trabajo. Vamos pasados de velocidad para poder terminar el servicio y, o ponemos medidas, o habrá más fallecidos”. La advertencia la trasladó un trabajador de la limpieza de Zaragoza a sus representantes sindicales el mismo día en que murió Fernando, uno de sus compañeros, atrapado por el camión de recogida que conducía. CGT la ha hecho pública este miércoles ante el pleno municipal, en la primera jornada de paros de una plantilla que lleva 20 meses negociando sin éxito un nuevo convenio con FCC y que amenaza con iniciar una huelga indefinida el 7 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar.
El primer día de huelga de la limpieza de Zaragoza ha servido también para poner frente al espejo las reivindicaciones de los trabajadores y la respuesta política del Ayuntamiento. La plantilla ha reclamado mejoras salariales y laborales y una mayor implicación del Consistorio sobre el cumplimiento de los pliegos de la contrata. La mayoría formada por PP, Vox y la concejal no adscrita Marisa Gaspar ha rechazado, sin embargo, una moción de Zaragoza en Común, transaccionada con el PSOE, que pedía a la concesionaria atender las demandas de sus empleados.
El conflicto amenaza con adquirir otra dimensión en apenas una semana. Los paros parciales de este miércoles, entre las 10.00 y las 13.40 horas, se convertirán en huelga indefinida a partir del 7 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar, si antes no se alcanza un acuerdo para renovar un convenio caducado desde finales de 2024.
El salario ocupa una parte importante de la negociación, aunque no es la única. La plantilla reclama recuperar el poder adquisitivo perdido hace 15 años mientras FCC cifra su oferta en una subida acumulada del 9,4% durante el periodo negociado.
Detrás de esa batalla de cifras aparecen otras condiciones laborales mucho más concretas. De los aproximadamente 1.400 trabajadores de la contrata, solo unos 950 disponen de jornada completa, según los datos expuestos en el pleno. Los sindicatos reclaman reducir esa parcialidad, especialmente entre empleados que llevan años, incluso décadas, trabajando únicamente los fines de semana.
También reivindican mejoras en conciliación, conocer las vacaciones con suficiente antelación, recuperar la jubilación parcial, el reconocimiento de las categorías profesionales, mejores condiciones en permisos y disponer de vestuarios separados por sexos. “Esto es dignidad laboral básica”, ha resumido la portavoz de ZeC, Elena Tomás.
La muerte de un trabajador sobrevuela el debate
El conflicto laboral ha llegado además al pleno apenas unos días después de la muerte de Fernando, un trabajador del servicio que falleció al quedar aprisionado por el camión de recogida que conducía después de bajarse del vehículo para comprobar su parte mecánica trasera.
Todos los grupos municipales han trasladado sus condolencias a la familia, pero durante el debate CGT ha introducido un elemento especialmente delicado. Su representante, Rubén Baigorri, ha leído la queja que otro trabajador había trasladado a los representantes sindicales el mismo día del accidente.
“Que alguien deje claro en un juzgado que nos vamos a matar alguno más. No podemos con la carga de trabajo. Vamos pasados de velocidad para poder terminar el servicio”, advertía el empleado, que también se refería a que se siguen utilizando vehículos procedentes de la anterior contrata y reclamaba adoptar medidas para evitar nuevos accidentes.
Los sindicatos han relacionado así el debate del convenio con las condiciones en las que se presta diariamente el servicio, aunque por el momento no existe una relación acreditada entre esas denuncias sobre cargas de trabajo y las circunstancias concretas del accidente mortal.
14 millones más para la contrata
El dinero que Zaragoza destina a la limpieza ha ocupado también buena parte del enfrentamiento político. Elena Tomás ha recordado que el coste anual del servicio ha pasado de 58,6 millones de euros a unos 72,5 millones, casi 14 millones más, y ha preguntado si ese incremento resulta proporcional a la evolución de la limpieza de la ciudad y de las condiciones laborales.
“FCC ganó el concurso a la baja para pagar con el sudor de otros. Este es el modelo de las contratas”, ha reprochado Tomás, que ha recordado además que Carlos Slim es el accionista de control de FCC.
La cuestión adquiere especial relevancia porque el Ayuntamiento no es el empleador de la plantilla y, por tanto, no negocia directamente su convenio, pero sí es el titular del servicio y responsable de controlar una de las mayores contratas municipales, valorada en más de 600 millones de euros durante diez años.
El PSOE ha incidido precisamente en esa responsabilidad. Chema Giral ha advertido de que “algo no funciona bien” cuando cada año se destinan más recursos a limpieza mientras el estado de las calles continúa generando quejas en los barrios. Además de lamentar que el GPS marque la velocidad para prestar el servicio pero no la calidad de la recogida de residuos, ha reparado en que los camiones de la nueva contrata no pueden recoger los contenedores y ha reclamado a la responsable municipal que no se escude en que es “culpa de los ciudadanos” como dijo en comisión. También ha reclamado a Gaudes que se reúna directamente con los trabajadores para conocer sus condiciones y sus reivindicaciones.
Las intervenciones han mostrado la distancia política existente sobre el conflicto. Frente a los argumentos de ZeC y PSOE, en el extremo contrario, Vox ha acusado a la izquierda de aprovechar el conflicto laboral para “armar jaleo”. Tras ser interrumpido desde la zona del público ocupada por trabajadores, el concejal David Flores ha desistido de continuar su intervención al considerar que no querían escucharle.
La edil tránsfuga, Marisa Gaspar, ha asegurado, por su parte, que los trabajadores “están engañados”, aunque también ha pedido al Ayuntamiento que medie para favorecer un acuerdo que permita renovar el convenio y garantizar la prestación del servicio.
La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha defendido la actuación del Gobierno municipal. “Estoy de acuerdo en el fondo, pero no en las formas”, ha señalado antes de reprochar que representantes sindicales no hayan acudido a algunas de las mesas negociadoras, pese a que los trabajadores han reclamado reuniones en seis ocasiones, según ha afirmado Baigorri. La consejera se ha mostrado dispuesta a reunirse con la plantilla, pero ha reclamado también a los sindicatos que sean capaces de articular mayorías dentro del comité y buscar apoyos para alcanzar un acuerdo.
La responsable municipal ha insistido además en que el Ayuntamiento continuará fiscalizando el contrato. Según ha explicado, los controles de calidad pueden dar lugar a informes técnicos y, cuando se detecten incumplimientos contemplados en los pliegos, a la imposición de penalizaciones a FCC.
La moción presentada por Zaragoza en Común y transaccionada con el PSOE reclamaba a FCC atender las reivindicaciones laborales de la plantilla y pedía al Gobierno municipal remitir los informes elaborados por la Universidad de Zaragoza sobre el grado de cumplimiento del pliego de la contrata.
No ha salido adelante. PSOE y ZeC han votado a favor, mientras PP, Vox y Marisa Gaspar lo han hecho en contra. De árbitro, la alcaldesa Natalia Chueca reprendía constantemente las quejas de los representantes de los trabajadores con frases como: “”se puede estar cabreado y en silencio“ o ”ustedes mismos seaquitan la razón con sus formas“-
El pleno deja así una fotografía peculiar en el primer día de movilizaciones: existe coincidencia general en que empresa y trabajadores deben volver a negociar e incluso en que las condiciones económicas pueden mejorar, pero desaparece el consenso cuando se trata de respaldar desde el Ayuntamiento las reivindicaciones concretas de la plantilla o incrementar la presión política sobre FCC.
Mientras tanto, el conflicto continúa en la calle. Los sindicatos estudian llevar a los tribunales los servicios mínimos del 40,5% fijados para unos paros parciales que consideran “abusivos”, y la empresa ha denunciado sabotajes en vehículos durante esta primera jornada.
El calendario deja poco margen. Si veinte meses de negociación no encuentran una salida durante los próximos seis días, el 7 de octubre Zaragoza entrará en sus principales fiestas con una huelga indefinida de limpieza y recogida de basuras. Y para entonces la discusión ya no será únicamente cuánto cuesta limpiar la ciudad, sino también en qué condiciones lo hacen quienes se encargan de hacerlo.