El PSOE de Zaragoza lleva a la Justicia de Aragón la “indigna” situación a la que la alcaldesa aboca a los migrantes
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado esta mañana un escrito ante la Justicia de Aragón para exigir una actuación urgente por la vulneración de derechos que están sufriendo las personas inmersas en el proceso de regularización por la actitud de la alcaldesa, Natalia Chueca. “Una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias”, ha valorado Ranera, para quien la alcaldesa está actuando “bajo la deriva del PP y de Vox, que nos están llevando al odio, el racismo y la xenofobia”.
En la queja, el PSOE solicita a la Justicia de Aragón que intervenga para que Chueca “restablezca la atención descentralizada, refuerce los medios personales, garantice la información adecuada y evite situaciones indignas como las que se están viviendo en la vía pública”. Ranera pide que se garanticen los derechos de estas personas después de que, el pasado viernes, el Gobierno de Chueca enviara una instrucción interna dirigida al personal municipal de las Juntas de Distrito y otros servicios, en la que, expresamente, “se ordenó derivar a la plaza del Pilar todo lo relacionado con instancias, peticiones o documentación vinculada a la regularización de inmigrantes”. El PSOE denuncia que la restricción del trabajo de las Juntas de Distrito no responde a ninguna lógica administrativa, sino a un criterio discriminatorio.
Ranera ha agradecido la labor de los trabajadores municipales que, en algunos casos, se han declarado insumisos a esta orden y están atendiendo a estas personas para garantizar la prestación del servicio público. “Trabajadores municipales que creen en el servicio público y decidieron desoír esa orden porque sabían que se estaba generando un proceso discriminatorio. Los derechos de los ciudadanos son iguales para todos”, ha subrayado.
De hecho, los funcionarios recuerdan que el servicio solicitado por estas personas puede prestarse en el Registro del edificio del Seminario y en las Juntas de Distrito, sin que tenga sentido centralizarlo únicamente en la Plaza del Pilar.
Asimismo, destacan que en todos los procesos de regularización se han producido incrementos de trabajo e incluso colapsos en algunos servicios municipales. “La diferencia es que los distintos consistorios, de todo signo político, adoptaron medidas para agilizar los procesos”, ha señalado.
“La Justicia de Aragón tiene que poner fin a esta situación discriminatoria, porque estas personas tienen derechos, tienen dignidad y llevan tiempo viviendo en nuestra ciudad. No podemos dejarnos arrastrar por la deriva de la ultraderecha en este Ayuntamiento”, ha añadido Ranera.