Un año del caso sobre presuntos abusos sexuales en una guardería de Zaragoza: “Mi hija sigue con pánico a estar sola”
El caso de la guardería Waldorf Munay de Zaragoza, donde se acumulan ya doce denuncias de niños y niñas por presuntas agresiones sexuales, cumple este mes de septiembre un año con la instrucción aún abierta –de hecho, se acaba de ampliar–, con dos investigados en libertad con cargos y con unos padres que, según aseguran, tratan de superar lo vivido. Mientras, un informe policial cree consistente el patrón sobre los testimonios de los pequeños.
Fue en septiembre del año pasado cuando trascendió la detención de un trabajador del centro infantil, un hombre que desempeñaba funciones docentes y de cuidados. Pese a que la acusación pidió prisión provisional para él, el juez optó por dejarle en libertad con cargos. Mientras, en marzo se sumó una segunda investigada, una de las dos fundadoras de la guardería, que cerró sus puertas en noviembre. En estos meses, hasta diez familias han denunciado los presuntos abusos a sus hijos e hijas, con doce víctimas en total. Todos ellos de menos de tres a seis años cuando se produjeron los supuestos hechos.
En este tiempo se han ido sucediendo las testificales de los pequeños en la Cámara Gesell del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), un servicio judicial que funciona como prueba preconstituida y que evita la revictimización de los pequeños. Y aún hay pendientes las declaraciones de los dos últimos denunciantes y el posterior informe del IMLA, motivo por el cual la instrucción del Juzgado de nº11 de Zaragoza se ha ampliado otros seis meses.
Lo que sí consta en el expediente es un informe policial, fechado el pasado mes de mayo, en el que se analizan los testimonios de ocho de las presuntas víctimas y de sus padres. La conclusión principal, según ha podido constatar elDiario.es, es que el patrón observado por la autoridad policial es compatible con los presuntos abusos sexuales, aunque también se destaca que esto no tumba la presunción de inocencia. Las reacciones emocionales de los pequeños, argumenta el mencionado informe, son congruentes con lo narrado.
“Le han dañado profundamente”
Mientras, para las familias el recuerdo de lo sucedido no se ha olvidado. Este periódico ha podido hablar con dos de los padres de denunciantes y han reconocido los problemas que los pequeños siguen sufriendo. “A mi hija le han fastidiado dos años de felicidad, le han dañado profundamente. Tiene muchos miedos, sobre todo con comida”, asegura Carmen, una de ellas –los nombres son ficticios para preservar la identidad–. “La mía no puede ni siquiera ver películas. Varios niños testificaron que les ponían imágenes matando a personas, les decían que si lo contaban les harían eso”, recuerda Marta, que indica que la pequeña también tiene “pánico a estar sola”. “Es una angustia”, resume.
“Para los padres, que se esté alargando todo es duro psicológicamente. No puedes soltar del todo. Aún están a mitad de los informes del IMLA”, lamenta Carmen, aunque admite que la instrucción se ha tenido que prolongar por la llegada de nuevas denuncias.
Los miedos se han incrementado con el comienzo del curso tras el largo periodo veraniego. “Mi hija no es capaz de ir al baño: se aguanta el pis. Y sigue con miedo a los profesores, aunque está algo más confiada. Antes de empezar me decía que tenía miedo y reaccionaba con ansiedad”, señala Marta.
Ambas coinciden por separado en criticar que no haya contempladas acciones para asesorar y ayudar a las familias en trances así. “Empieza el colegio y no hay un mecanismo que nos ayude a hablar con las tutoras nuevas, para que sepan reaccionar cuando haya un detonante. Que si va al baño y tiene problemas con un compañero, saber de dónde viene”, explica Carmen, quien ha tenido que contratar psicólogos para “dar pautas y consejos” a los profesores. Para ello, los docentes tienen que dar su consentimiento, algo ante lo que han encontrado por lo general una buena disposición.
Mientras, aunque este periódico no ha podido ponerse en contacto con la defensa de los acusados, su abogado, José María Bayod, sí que expresó en febrero la “agonía” que estaban sufriendo tanto el investigado como las dos personas que gestionaban la guardería. Asimismo, Bayod recordó que la acusación había pedido en dos ocasiones que se decretara prisión y orden de alejamiento para el principal investigado y que “ni el fiscal ni el juez” lo habían aceptado, lo que consideraba “significativo”.